Un juzgado abre diligencias contra el director xeral que adjudicó las líneas a Alsa y Monbus
El Juzgado número 12 de Santiago ha incoado diligencias contra Ignacio Maestro Saavedra para investigar si ha cometido un delito de prevaricación administrativa por su gestión de las líneas de autobuses
Ignacio Maestro Saavedra, director xeral de Mobilidade, en una imagen de archivo
El Juzgado número 1 de Santiago mueve ficha contra el director xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia. A través de un auto emitido por la magistrada Ana López-Suevos, se ha acordado incoar «diligencias previas por un delito de prevaricación administrativa» contra Ignacio Maestro Saavedra, responsable del departamento de movilidad del Gobierno gallego desde el año 2017.
La investigación se iniciará a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Empresarial de Transportes de Viaxeiros de Galicia (Galibus), tal y como indica Praza. El origen de los hechos se remonta a los años 2019 y 2020. Por aquel entonces, la Xunta se vio obligada a efectuar una reorganización del transporte público en la comunidad.
El grupo Monbus se impuso como claro vencedor con la mayoría de los lotes tanto en solitario como a través de alianzas con empresas como Alsa. Precisamente estos acuerdos con la firma de origen asturiano han provocado que el el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya ordenado a la Comisión Galega da Competencia que incoe un expediente sancionador contra ambas firmas «por indicios de haber podido repartirse el mercado».
Así, de las 29 concesiones que se contrataron, se presentaron a cinco en UTE, señalaba el TSXG. Los magistrados decretaron, por tanto, la nulidad de la resolución de la Comisión Galega da Competencia en la que archivó, sin incoar expediente sancionador, «las actuaciones desarrolladas en virtud de las denuncias presentadas, sin realizar la comprobación de los hechos denunciados, existiendo indicios racionales de infracción».
Ante la falta de respuestas, Galibus denunció públicamente y en diversas ocasiones los hechos, llegando también a presentar denuncias judiciales. Ahora la jueza ve que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa».
Con todo, López-Suevos señala en este auto adelantado por Praza, que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que intervinieron», se llevarán a cabo las «diligencias esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el órgano competente para el enjuiciamiento».
La Xunta niega haber recibido la notificación
Desde la agencia Europa Press aseguran que fuentes de la Consellería de Mobilidade han revelado que el director xeral no ha recibido ninguna notificación del Juzgado. Es por ello que se muestran «sorprendidos», por tanto, de que se haya divulgado públicamente información sobre un procedimiento que «no ha sido notificado por el momento al representante de la Administración autonómica referido».
Así las cosas, insisten en que la Xunta «ha cumplido y sigue cumpliendo escrupulosamente» la normativa en relación con el Plan de Transporte Público de Galicia. En este sentido destacan que así ha quedado «acreditado» en «el 100% de los recursos presentados» por empresas y federaciones de transporte de pasajeros por carretera desde el año 2017 ante el Tribunal Administrativo de Contratos de Galicia, así como en los procedimientos contencioso-adminitrativos abiertos y resueltos todos ellos a favor de la Xunta.
Concluyen asegurando que realizan un seguimiento «permanente» del funcionamiento de las concesiones de transporte público y que «velan» por el cumplimiento de los contratos y la prestación del servicio público. «Y así quedará nuevamente acreditado», inciden.
