Un director de la minera de Touro vende acciones mientras Paramés las compra
El vicepresidente del grupo chino Yanggu Xiangguang Copper, segundo mayor accionista de Atalaya Mining, se desprende de 8.700 acciones del grupo
Uno de los hombres fuertes en Atalaya Mining, la empresa que intentó sin éxito reabrir la mina de cobre de Touro, ha decidido diluir su participación y hacer caja mediante la venta de acciones. Harry Liu, el vicepresidente del grupo chino Yanggu Xiangguang Copper, uno de los mayores conglomerados de fundición y procesamiento de cobre del mundo y el segundo mayor accionista de la minera, ha vendido 8.700 acciones a lo largo del mes de mayo.
Según comunicó Atalaya Mining, las operaciones del director no ejecutivo de la compañía se habrían realizado en dos oleadas, una con el traspaso de 5.000 títulos a un precio medio de 3,56 libras y otra con la venta de otras 3.698 participaciones a un precio medio de 3,58 libras. Tras estos movimientos, su porcentaje en el capital de la compañía quedó diluido desde el 0,30% al 0,28%.
El grupo que representa, Yanggu Xiangguang Copper, se mantiene como segunda mayor accionista con un 22,2% del capital de Atalaya Mining.
¿Sigue vivo el proyecto de Touro?
La empresa minera, que tiene como único activo la mina de cobre de Riotinto en Huelva, está siendo una de las grandes apuestas de Francisco García Paramés, el prestigioso inversor ferrolano. A través de los fondos de Cobas controla más de un 5% de las acciones de Atalaya, lo que sitúa a la gestora como cuarto mayor accionista.
La minera recibió una declaración de impacto ambiental negativa por parte de la Xunta, lo que frenó su expansión en Galicia con el proyecto de explotación de Touro, que desarrollaba junto a otra empresa gallega, Grupo Francisco Gómez. Pese al rechazo del Gobierno gallego, Atalaya Mining manifestaba en los resultados de su primer trimestre del ejercicio, presentados en mayo, que confiaba en sacar adelante el proyecto, pues entiende que su plan para extraer cobre puede satisfacer “las condiciones ambientales más estrictas que puedan imponer las autoridades”.