Un año de crisis en Alcoa: ERE frustrado, una investigación judicial y pocas certezas

Está previsto que este martes se produzca una nueva reunión entre Alcoa y los sindicatos en la que la compañía informará de la hoja de ruta que pretende seguir tras analizar la última carta remitida por el Ministerio de Industria, que insta a la multinacional a negociar directamente con los interesados en la factoría de aluminio primario de San Cibrao y a escoger un comprador solvente y de “perfil industrial”. En el ambiente flota la duda sobre el papel que, en esta nueva etapa, pretende jugar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), algo que ha llevado al comité de empresa a anunciar nuevas movilizaciones. Y todo esto a pocos días de que se cumpla un año del estallido de la crisis de la planta de Cervo.

Fue el 28 de mayo de 2020 cuando el grupo aluminero anunció el inicio de un periodo informal de consultas para establecer un ERE para 534 trabajadores de la planta de aluminio primario. Desde entonces hasta ahora muchas cosas han cambiado. Se han dado numerosos pasos encaminados a garantizar la pervivencia de la planta de A Mariña, aunque todavía restan muchos cabos sueltos.

Alcoa insiste en que su voluntad es la de vender y existen también compradores, si bien, en estos momentos, la principal duda radica en la posición que jugará la SEPI.

Uno año de negociaciones y un ERE tumbado

Varios han sido los procesos de negociación abordados en los últimos doce meses. Alcoa y Liberty, propiedad del conglomerado británico GFG Alliance, llevaron a cabo una negociación bilateral que se rompió en el mes de septiembre. Las conversaciones para el traspaso del histórico activo se reactivaron a principio de año, en este caso entre la multinacional americana y la SEPI del Gobierno central, que se comprometió a triangular la venta. Los trabajadores coinciden en que existió un hecho fundamental que decantó la balanza. El pasado diciembre, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) comunicó la sentencia por la que declaraba nulo el ERE que los de Roy Harvey pretendían llevar a cabo en Lugo. La Justicia se acogió a las tesis de los sindicatos demandantes, que habían impugnado los despidos previstos (524 en aquella altura), subrayando que Alcoa negoció de “mala fe” durante el proceso.

Otro hecho, ajeno a la factoría de San Cibrao, ha cobrado especial relevancia durante estos meses: la situación de las antiguas fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés, ahora bajo el nombre de Alu Ibérica.

La judicialización de Alu Ibérica

De nuevo, el impulso de la parte social (que interpuso una querella) derivó en la decisión de la Audiencia Nacional de abrir una investigación sobre la presunta descapitalización fraudulenta de ambas sociedades, que Alcoa traspasó en 2019 por un euro al fondo suizo Parter y que este, tan solo unos meses después de la transacción, revendió por 13 millones de euros a Grupo Industrial Riesgo. En estos momentos, las dos fábricas están intervenidas judicialmente. El auto del juzgado madrileño que lleva la investigación acredita en sus razonamientos jurídicos que la venta de las plantas de A Coruña y Avilés por parte de Parter a Grupo Industrial Riesgo incumple de “forma meridiana los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial”, Alcoa, “en perjuicio, pues, de las posibilidades de financiación de la actividad, en principio sujeta al cumplimiento de los mismos”.

Los distintos actores implicados en el proceso de venta de San Cibrao coinciden en que, en este momento, y más al estar judicializada la situación de Alu Ibérica, uno y otro caso discurren por caminos distintos. Sin embargo, la situación de las factorías de A Coruña y Avilés es un aviso a navegantes. Ni el Gobierno central ni la propia Alcoa (que tiene una denuncia contra Parter por incumplir los acuerdos de venta) pueden permitirse, de nuevo, que la venta de San Cibrao acabe en fiasco. Mucho menos los trabajadores, que avisaban la semana pasada de la necesidad de que la SEPI no se aparte del proceso de A Mariña en su recta final. Para el comité de empresa es la “garantía que da certeza a la operación”. “No podemos permitir que nos pase como a los compañeros de A Coruña y Avilés”, manifestó el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.

Crecen los interesados y el precio del aluminio

Pero, pasado casi un año del estallido del conflicto de Alcoa existen otros indicadores que refuerzan la idea siempre defendida por los sindicatos de que la planta tiene futuro y que, podrían explicar, en buena medida, el aumento de interesados en la factoría (en estos momentos, según el Ministerio de Industria, al margen de Liberty, existen otros pretendientes, entre los que estarían inversores españoles del sector industrial).

El dato más claro es que el precio del aluminio está al alza. Impulsado por la recuperación de la actividad tras el parón de la pandemia y por las perspectivas del aluminio verde y las políticas de descarbonización, en la actualidad, y según el London Metal Exchange, la bolsa de metales de Londres, su precio a tres meses se establece en 2.462 dólares la tonelada. Según los registros del LME, el 28 de mayo de 2020, el precio del metal estaba en unos 1.500 dólares.

La cotización de Alcoa, disparada

Las buenas perspectivas del mercado hacia el aluminio tienen su reflejo en la propia cotización de Alcoa, que este lunes acabó la sesión en la bolsa de Nueva York con el precio de la acción a 40,68 dólares. Según los registros, el 28 de mayo de pasado año, la acción de intercambiaba a 9,48 dólares. Desde que estalló el conflicto de San Cibrao hasta ahora, con una crisis pandémica de por medio, el precio de la acción ha crecido un 329%.

Precisamente por la recuperación del aluminio y la alúmina, entre otros factores, la multinacional cerró el primer trimestre de 2021 con un beneficio de 175 millones de dólares, unos 146 millones de euros. Su CEO, Roy Harvey, calificó de “excelente” el arranque del ejercicio del grupo, que firmó su mejor resultado trimestral desde 2018. En España, las previsiones de la compañía, no obstante, siguen siendo que la planta cierre el año en rojo.

No obstante, existe otra circunstancia que varía con respecto a la situación de hace ahora un año. En estos momentos, y aunque el sector lo sigue considerando insuficiente, el Gobierno central ya tiene aprobado el Estatuto para el Consumidor Electrointensivo, vieja reivindicación para poder regular la factura eléctrica de la gran industria. La pasada semana, el Consejo de Ministros aprobó la puesta en marcha de una convocatoria de ayudas por valor de 91 millones de euros para compensar los cargos repercutidos en su tarifa eléctrica.

Con estos datos sobre la mesa, pasado un año del estallido de la crisis de Alcoa la situación ha variado. El ERE se ha paralizado y se negocia el futuro de la planta. Quedan aún muchas incógnitas por despejar pero, de momento, la única planta de aluminio primario en España en activo sigue funcionando.