Ultimátum para Urbar: su futuro se dilucida en un mes

El futuro de Urbar, la empresa guipuzcoana de maquinaria industrial, enfila su recta final. «En uno u otro sentido, en un mes sabremos con certeza si se refinancia o no», apuntan fuentes próximas a la sociedad que preside Daniel Salama Millet. Las mismas que muestran su optimismo en que, al final, se llegue a un acuerdo satisfactorio con los bancos acreedores para refinanciar la deuda de casi 7 millones de euros.

Hasta entonces, se avecinan semanas de tensión, con varios frentes abiertos por parte de los dos miembros de la familia Salama que pugnan por quedarse con la empresa. El propio presidente y su sobrino segundo, Rafael Salama Falabella, anterior presidente y principal accionista, con el 23,73% del capital. Porcentaje no actualizado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y que ahora se eleva a poco más del 21% a reducir el porcentaje de control que ostenta Tocolce, sociedad que controla Salama Falabella al 100%.

A la querella interpuesta –y admitida a trámite por un juzgado de Tolosa (Guipúzcoa)–  contra el principal accionista, por la empresa, por su tío y presidente y por los accionistas que le respaldan, ha respondido Rafael Salama con la solicitud, a través de Tocolce, de una junta extraordinaria de accionistas, a celebrar antes del próximo 10 de junio, en la que pretende conocer a fondo cómo se están desarrollando las negociaciones con los acreedores para refinanciar los casi 7 millones de euros de deuda.

Rafael Salama, acreedor inesperado

Entre otras cosas, porque el propio Rafael Salama se ha convertido, en los últimos meses, en parte acreedora de Urbar al adquirir a tres bancos, a través de Yakan XXI –otra sociedad bajo su control–, casi 1,2 millones de euros de deuda, y hacerlo con una quita del 50% aceptada por los bancos sin rechistar al estar impagada y provisionada. Circunstancia que no estaba recogida en la propuesta de refinanciación remitida a los acreedores por Urbas, a través de la consultora Forest Partners, el pasado mes de octubre.

Con esta maniobra, Rafael Salama busca ejecutar parte del endeudamiento para reforzar su posición en la empresa. Precisamente, uno de los objetivos del plan de refinanciación de Forest es evitar nuevas compras de deuda.

Recelos de la banca

La estrategia del máximo accionista parece haber encontrado apoyos indirectos en algunas de las entidades financieras acreedoras, que han empezado a mostrar serios recelos al plan de reestructuración que les remitió Forest, al estar basado, según comentan, en el incumplimiento de compromisos financieros previos por parte de Urbar y, lo que resulta más llamativo, en la existencia de grandes lagunas e inconsistencias.

Sin ir más lejos, los bancos no acaban de entender la razón por la que se incluye en la refinanciación la deuda operativa circulante de Metrocompost, filial de Urbar sobre la que no hay problemas financieros ni reclamación de pagos, y, por ejemplo, no se incluya la deuda financiera de 1,2 millones de euros adquirida a tres entidades bancarias por la empresa Yakan XXI, la operación por la que Rafael Salama se ha convertido en acreedor de algo más del 18% de la deuda de la ingeniería guipuzcoana.

El Popular acumula el 34% de la deuda

Según la ahora desactualizada propuesta de refinanciación que Forest hizo llegar a los bancos en octubre, el total de la deuda del Grupo Urbar ascendía a algo más de 6,45 millones de euros. La mayoría contraída por Urbar y poco más de 810.000 euros, equivalente al 12,5%, aportada por Metrocompost. Banco Popular, al sumar las deudas de Pastor y Targobank, es el principal acreedor con el casi el 34% de la deuda.

Otro extremo que causa recelo entre los bancos hace referencia a la inclusión de la venta de la nave industrial Asteasu a Virlab, una filial del propio grupo, que se interpreta como una operación de maquillaje del balance, al tratarse de un activo que ya estaba hipotecado y los bancos acreedores de esa hipoteca no fueron consultados.

Desconfianza de los contratos en Guinea

Al margen de los pormenores financieros, la mayor desconfianza de todo el proyecto de reestructuración planteado por Urbar proviene de los 9 contratos de Metrocompost en Guinea Ecuatorial –ya adjudicados, según figura en el proyecto de refinanciación remitido por Forest– con los que se prevé ingresar, entre 2015 y 2018, 28,5 millones de euros, y de otros 18 proyectos más, con mayor incertidumbre en salir adelante, que reportarían otros 23 millones.

Respecto a los contratos en Guinea, las entidades financieras andan con la mosca tras la oreja. Solo tienen la certeza de que podrían salir dos de los nueve contratos. Además, no acaban de entender que estos contratos se vayan a ejecutar, con gran opacidad, a través de sociedades interpuestas, y que el contratante sea el Gobierno de un país –el que preside Teodoro Obiang desde hace cuatro décadas– sobre el que hay evidencias claras de prácticas financieras irregulares.

Nueva estructura financiera

La nueva estructura financiera planteada a los bancos por parte de Urbas, a través de Forest, pasaría por un tramo A, con una línea de avales por un millón de euros para poder operar, la refinanciación de préstamos con o sin garantías hipotecarias, a amortizar en cinco años con el primero de carencia, y la aplicación de un interés de Euribor más 2 o 3 puntos de diferencial, y un último tramo relativo a la prestamización de las pólizas de crédito, en las mismas condiciones planteadas con la refinanciación de préstamos.

Para ello, Urbar ofrece como garantías una segunda hipoteca de la nave de Asteasu y una ampliación de capital por 1,25 millones de euros.