Todos los cabos sueltos del futuro de Alcoa San Cibrao

Alcoa ha hecho una propuesta, mantenerse un año más en San Cibrao y vender a un tercero si el Gobierno soluciona su factura energética, pero la plantilla quiere una venta antes de septiembre

Alcoa

Imagen de archivo de movilizaciones de los sindicatos y trabajadores de Alcoa-San Cibrao

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La ecuación para resolver el camino de la planta de aluminio primario de San Cibrao parece comenzar a despejarse, pero quedan todavía muchas incógnitas encima de la mesa. Hace poco más de una semana que Alcoa, ante la negativa del Gobierno a triangular la venta de la planta a un tercero a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), puso sobre la mesa una nueva oferta: quedarse un año más en Cervo. En ese tiempo se compromete a no realizar ningún recorte en el empleo. Finalizada esa prórroga venderá a un tercero con solvencia acreditada por el Gobierno, pero el Ejecutivo ha de rebajar la enorme factura energética que atenaza a la planta para hacerla “solvente”. La propuesta no convence a la plantilla, que insiste en que hay cuatro interesados serios que, quizás, no mantengan su oferta si la venta se dilata hasta 2023. El comité de empresa insiste en que la venta debe continuar adelante y se debe realizar antes del 30 de septiembre.

Así, con estas piezas sobre el tablero, todavía quedan muchas incógnitas por despejar.

La opinión del Gobierno

Alcoa ha movido ficha. Tras la negativa de Gobierno a triangular la venta a través de la SEPI, la multinacional propone la firma de un Memorando de Entendimiento antes del 15 de septiembre entre Gobierno, Xunta, sindicatos y comité de empresa. Los americanos insisten en que el principal problema de la venta de las factorías de A Coruña y Avilés radica en que no eran viables. Asegura que San Cibrao tampoco lo es en estos momentos por el elevado coste energético. Así, ofrece trabajar conjuntamente con el Gobierno, la Xunta y “uno o más suministradores de energía” con el objetivo de poner a disposición de la planta de San Cibrao “un suministro competitivo de energía eléctrica renovable a partir del 1 de enero de 2023”.

Al hilo de este primer paso, la compañía propone trabajar “conjuntamente” con las administraciones públicas “con el objetivo de establecer un marco regulatorio que permita garantizar un precio final competitivo para la planta a partir del 1 de enero de 2023”.

Si bien el comité de empresa ya ha rechazado la propuesta, el Gobierno no ha profundizado en su postura (al menos públicamente). La misma jornada en la que Alcoa hizo pública su nueva oferta, el Ministerio de Industria la valoró como “constructiva para avanzar en la búsqueda de una solución definitiva y garantizar la viabilidad de la planta y, especialmente, mantener los puestos de trabajo y las capacidades productivas”.

La propuesta de hace un año

Aunque públicamente aún no hay un pronunciamiento claro de Industria, lo cierto es que esta última propuesta de Alcoa reviste ciertas compatibilidades con una lanzada por el Ministerio de Industria en junio de 2020, después de que la compañía anunciase su intención de acometer un expediente de regulación de empleo en la factoría de aluminio primario. Entonces, el secretario general de Industria, Raül Blanco –quien ha liderado las negociaciones durante todo este año con la compañía–, presentó un plan industrial a diez años con dos propuestas que se enmarcaban en un contrato bilateral con varias fuentes energéticas (gas de alta eficiencia de 100/200 megavatios, parque eólico de 400 MW y parque fotovoltaico de 800 MW) y un precio de energía en un rango de 25 a 35 MW/h a partir de los instrumentos actualmente en curso y de la entrada de socios.

¿Memorando o contrato?

La Xunta de Galicia tampoco se ha pronunciado claramente sobre la propuesta de la multinacional. Las últimas declaraciones al respecto han sido del presidente, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista publicada este fin de semana por Europa Press. “Alcoa tiene que aclararse y el Gobierno tiene que establecer un marco energético. Lo demás es proseguir con esta situación de vértigo”, esgrimió.

Pero, fue el vicepresidente económico, Francisco Conde, quien en días pasados apuntó a otro factor que puede tornar clave. El político apuesta por ir más allá de un Memorando de Entendimiento y pide que, en vez de una “declaración de intenciones” de las partes interesadas, se acuerde “un contrato de venta efectivo” que implique que la empresa entregue la planta y que el Ejecutivo establezca «un precio eléctrico competitivo».

¿Qué pasa con los compradores?

Otra de las incógnitas radica en la postura de los compradores. Por el momento, se sabe que cuatro compañías, que se identifican con Trafigura, Sidenor, Alvance y Atlas Holding (el dueño de Aludium) han presentado ofertas no vinculantes por San Cibrao pero, ¿seguirán interesadas dentro de un año?

“Si ahora mismo paralizan la venta y no se vuelve a abrir hasta enero de 2023 de una forma distinta a este momento, ellos casi seguro que darían la espantada”, indicó el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, que reivindica que “lo que se necesita es que las empresas continúen con el proceso de venta y que el Gobierno les garantice un marco energético con el cual puedan competir”.

De momento, la patronal de los consumidores electrointensivos, Aege, pronostica que a finales de año la gran industria pagará un precio de 88,30 euros megavatio/hora, frente a los 40,39 de Francia o los 59,22 de Alemania.

¿Cambian las condiciones de venta?

El presidente del comité de empresa incide, en sus últimas declaraciones, en la posibilidad de que el hipotético proceso de venta que se abra en enero de 2023 se desarrolle “de una forma distinta”. Lo cierto es que, con el aval de la SEPI y garantías de que la venta de la planta sería definitiva una vez se completase, los de Pittsburgh estaban dispuestos a vender la planta de aluminio primario por un euro y aportar “una suma significativa de efectivo” para garantizar su pervivencia.

Ahora, en su oferta a Industria, Alcoa expone que, el futuro proceso de venta, “solo se llevaría a cabo una vez que esté garantizado el suministro de energía a un precio que permita a la planta ser competitiva a largo plazo”. Pero, si esa circunstancia se materializa, ¿el precio de San Cibrao seguirá siendo un euro?

Cabe recordar que hace unos tres años, GFG Alliance, el conglomerado británico dueño de Alvance, adquirió la factoría de aluminio de Dunkerque, en Francia, al gigante Rio Tinto por algo más de 400 millones de euros. En el momento de la adquisión contaba con una producción anual de 270.000 toneladas de aluminio. La factoría de San Cibrao tiene una capacidad de producción de 228.000 toneladas.

La escalada del aluminio

Otro factor a tener en cuenta es el propio precio del aluminio, que marca máximos de más de tres años en la bolsa de metales de Londres por encima de los 2.600 dólares la tonelada. Las previsiones de los analistas son que, al calor de la descarbonización y las políticas de transición, así como con el menor poder de China para poder influir en los precios, el metal continuará alto.

Eso sí, Alcoa insiste en que los problemas energéticos ocasionan pérdidas de alrededor de un millón de dólares por semana en San Cibrao, y “esto incluso con un entorno de mejores precios del aluminio”.

En medio de todo esto, habrá que ver qué ocurre en A Coruña y Avilés y cómo se resuelve la investigación en marcha de la Audiencia Nacional sobre la posible despatrimonialización fraudulenta de las alumineras por parte del fondo Parter y de Grupo Industrial Riesgo, así como las repercusiones que la sentencia pueda tener para Alcoa.

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