Todo lo que se juegan las aseguradoras de Renfe y Adif en el juicio del Alvia

Hace ahora casi una década, tras el mayor accidente ferroviario de la historia de la democracia en España, el del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois, en Santiago de Compostela, dejando un funesto saldo de 80 fallecidos, el por aquel entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, censuró que veía «el interés» de empresas internacionales en cargar contra la alta velocidad española. Argumentaba el hoy presidente del PP a nivel estatal que había quien podía tratar de usar el siniestro para poner en duda la capacidad de compañías “que se presentan a concursos internacionales de construcción de líneas de alta velocidad”.

Nueve años después de aquellas declaraciones, el juicio que este miércoles arrancó en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, sobre el siniestro ferroviario solo tiene en el banquillo de los acusados a dos personas: el maquinista, Francisco Garzón, y el ex director de Seguridad en la Circunvalación de Adif, Andrés Cortabitarte. La foto fija diría que las empresas de la alta velocidad española quedan al margen. Sin embargo, el proceso judicial y el resultado del mismo, finalmente, también colocan en la palestra tanto al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias como a Renfe y, sobre todo, dejan en evidencia la batalla entre sus aseguradoras: Allianz Global Corporate y QBE.

Responsabilidad civil: más de 57 millones de euros

Según los datos recopilados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el macroproceso de Angrois hay 446 personas perjudicadas que han presentado reclamación. Están agrupadas en 154 acusaciones, asistidas por 110 letrados y representadas por 47 procuradores. Además, existan otros 53 perjudicados que no están representados por ningún abogado, de forma que la acusación la ejerce la Fiscalía.

Solo hay dos acusados: Garzón y Cortabitarte. Se les imputan 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y un delito de daños. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión. Además, pide para el maquinista la inhabilitación para su profesión durante el tiempo que dure la condena y para el otro acusado la prohibición durante el mismo periodo para ejercer cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

Pero, además, existe una reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil. Esta asciende a 57,6 millones de euros. Una cantidad que, finalmente, podría engordar teniendo en cuenta las reclamaciones que efectúen los familiares de las víctimas. Y es precisamente en este punto donde aflora una batalla judicial también a nivel empresarial. Las personas y entidades contra las que se dirige la acción civil dentro del proceso penal son QBE, la aseguradora de Renfe; Allianz Global Corporate, la aseguradora de Adif; Renfe Operadora; Adif, el maquinista y el ex alto cargo del administrador ferroviario en el momento de los hechos.

Las aseguradoras figuran en el proceso como responsables civiles directas mientras que Adif y Renfe tienen carácter subsidiario.

La clave de las aseguradoras

Los dos acusados en el juicio del Alvia se enfrentarán a los interrogatorios este jueves y el viernes, y después podrán ausentarse del juicio hasta el día de las conclusiones, según informó la jueza Elena Fernández Currás, al término de la primera jornada del proceso, dedicada a cuestiones previas. Habrá que esperar al año que viene, entre enero y febrero, según el calendario judicial marcado, para que se produzcan las declaraciones de los peritos propuestos tanto por la aseguradora de Renfe, QBE, como por Adif y el maquinista.

Hace ya años que las aseguradoras han provisionado el gasto relativo al accidente, en todo caso, las cantidades que finalmente deban asumir dependen directamente de quién o quiénes sean, finalmente, condenados. QBE, la aseguradora de Renfe, tendría que asumir las millonarias indemnizaciones del accidente –ya adelantadas en parte– si el maquinista resulta ser el único culpable.

Sin embargo, si finalmente la justicia determinase que Cortabitarte es culpable, en parte o de forma total, del accidente, al no haber evaluado y corregido el riesgo que existía en la curva de Angrois, la indemnización, esos más de 57 millones de euros, tendrían que ser asumidos por la aseguradora de la otra empresa pública implicada, en este caso Allianz.

Las víctimas del accidente ya han cobrado parte de esas indemnizaciones, aunque la cantidad final será considerablemente mayor. En concreto, percibieron las cantidades ligadas al seguro obligatorio de accidentes de Renfe.

Las aseguradoras se centran en los acusados

Según adelantó Praza Pública, los expertos de la aseguradora de Renfe defienden que Adif tenía la obligación de realizar una evaluación de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago “tanto en la fase de diseño y construcción” como “mantener un registro de peligros actualizado durante toda la vida del sistema”. Es por esto que sostienen que “la evaluación de riesgos realizada por Adif durante la construcción de la línea presenta graves deficiencias y no cumple con la normativa comunitaria”.

Adif, por su parte, insiste en circunscribir la responsabilidad únicamente al maquinista. Este miércoles, la jueza Fernández Currás admitió introducir en el procedimiento como “prueba de parte” aunque “sin perjuicio de su valor probatorio” un vídeo presentado por la compañía pública que pretende atribuir a Garzón los errores que desencadenaron el accidente.

Dos gigantes con beneficios millonarios

En cualquier caso, y al margen de quien tenga que asumir finalmente, total o de forma parcial, el pago de la responsabilidad civil del siniestro, esos 57 millones de euros son una cantidad pequeña si se tiene en cuenta las cifras que manejan los dos gigantes aseguradores enfrentados en el proceso.

Atendiendo a sus últimas cuentas públicas, QBE Insurance Group, con sede en Sidney, cerró el año 2021 con un resultado neto después de impuestos de 750 millones de dólares, una espectacular vuelta a beneficios tras las pérdidas de 1.530 millones de dólares anotadas el ejercicio de la pandemia.

Por otro lado, como grupo, la aseguradora alemana Allianz registró el ejercicio pasado un beneficio neto atribuido de 6.610 millones de euros, un 2,95% por debajo de las ganancias contabilizadas durante el año precedente. Los ingresos superaron los 148.000 millones de euros, según las cuentas consultadas por Economía Digital Galicia. Según las mismas, la filial señalada en el juicio del Alvia, Allianz Global Corporate & Specialty, vio cómo sus ingresos aumentaron un 4,2% a nivel global hasta alcanzar los 9.510 millones de euros.

Un «caso extremo» para Europa

Y mientras comienza un juicio que acumula casi una década de espera, el último informe de la Agencia Ferroviaria Europea, que data del pasado mes de junio, indica que debido “al caso extremo” que supuso el descarrilamiento de Angrois, España continúa teniendo la tasa de mortalidad de pasajeros más alta de toda Europa (estas tasas se estiman precisamente por periodos de décadas).