Testaferros, criptomonedas y sobrecostes: la Audiencia Nacional ve delito en la quiebra de Alu Ibérica
Un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratifica los indicios de criminalidad de los principales investigados y señala que su objetivo era “enriquecerse a costa de las fábricas” sin aportar fondos o un plan de negocio
Concentración de trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña en marzo de 2022. EFE/ Cabalar
La Audiencia Nacional considera que las pretensiones de los investigados por la quiebra de Alu Ibérica cuando se hicieron con las fábricas pasaban por “enriquecerse a costa de las mismas injustificadamente” sin aportar fondos ni un plan industrial o una propuesta de negocio. La investigación realizada por la Policía de Judicial afianza, los indicios de criminalidad de los detenidos en marzo de 2021 por comprar las plantas de aluminio de la multinacional en Avilés y A Coruña según determina en un auto la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 28 de marzo.
Según la investigación de la Policía Judicial, tras la venta de las dos factorías los directivos del Grupo Industrial Riesgo, Víctor Rubén Domènech y Alexandra Camacho Carrascal, principales imputados en la causa penal, vaciaron las cuentas de las nuevas sociedades.
Los magistrados mantienen la decisión de la jueza que instruye la causa, María Tardón, de establecer una fianza conjunta para los investigados de 75 millones y la retirada del pasaporte a Camacho. Según explican, “el arraigo de la apelante en España habrá podido ser considerado para no adoptar la medida más gravosa para su libertad de prisión provisional, pero no justifica el alzamiento de las acordadas” y considera que “siguen siendo precisas para mantenerla a disposición del tribunal».
Sobrecostes, criptomonedas y sustracción de capitales
En su escrito los magistrados hacen referencia a los informes policiales conocidos hasta el momento en los que se revela que los investigados se sirvieron de empresas interpuestas que eran controladas por testaferros para realizar “ventas aparentes” en las que se incluían sobrecostes para las plantas de hasta un 600%. En estos mismos informes se apunta también que Alexandra Camacho sería una de las responsables del “vaciamiento patrimonial” de ambas plantas.
En otro auto emitido un día antes, el 27 de marzo, los magistrados comparten “plenamente” las conclusiones a las que llega la instructora del caso basadas en los indicios observados en la documentación requerida, así como en los informes elaborados por los administraciones concursales y en el seno de investigación policial.
Así, por ejemplo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrieron que las factorías que fueron vendidas por Alcoa, en primera instancia, al fondo Parter Capital –por un precio simbólico de un dólar– y más tarde al Grupo Riesgo –por 13,1 millones– utilizaron un entramado de sociedades interpuestas para “comprar criptomonedas y sustraer capitales y patrimonio”.
«La venta de las plantas por el grupo Parter a System Capital por un precio de 13.100.000 euros, pocos meses después de haberlas adquirido a Alcoa Inespal por 50 céntimos de dólar cada una, a cambio de un compromiso de inversión tendente al mantenimiento de la producción y el empleo; el pago del precio con fondos de las sociedades titulares de dichas factorías, y la ulterior salida de activos, entre los que se encontraban los cerca de 80 millones de dólares aportados por Alcoa Inespal, son actuaciones que, indiciariamente, se alejan del mero incumplimiento civil y revelan un ánimo defraudatorio», señalan los magistrados.
