Teresa Ribera, Reyes Maroto, la SEPI… ¿Quién manda en la negociación con Alcoa?

Varias son las cuestiones que en este momento atascan las negociaciones entre Alcoa y Gobierno central por la fábrica de aluminio primario de San Cibrao, de la que dependen más de medio millar de trabajadores solo de forma directa. Una de ellas es que el Ejecutivo necesita garantizar que el futuro comprador al que traspasará la planta, una vez en su poder, sea solvente y, ahora mismo, la situación de la británica Liberty House despierta muchas dudas al haber solicitado un millonario rescate por su negocio británico del acero. No obstante, distintas fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que el principal escollo está en las propias conversaciones entre Ejecutivo central y la multinacional americana, principalmente porque esta ha puesto como condición para que la venta fructifique que se acuerde una cláusula de indemnidad, es decir, una suerte de blindaje por la cual los de Roy Harvey quedarían a resguardo de posibles demandas y reclamaciones futuras.

Este domingo, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, pedía celeridad y agilidad en las negociaciones tanto a Alcoa como a Gobierno central, al que afeaba tender “cortinas de humo” a respecto de posibles nuevos interesados en el activo de A Mariña cuando lo prioritario es que Ejecutivo y empresa alcancen un acuerdo de compraventa. Lo cierto es que una de las peculiaridades de Alcoa (y también de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés) es que su futuro implica a varios ministerios y altos cargos del Gobierno bipartito.

La SEPI y Raül Blanco

Lo cierto es que la intención del Gobierno central es que sea la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la que se haga con la factoría de aluminio primario de San Cibrao para, posteriormente, traspasársela a un comprador solvente que tendrá que convivir con Alcoa, que mantendrá la titularidad de la planta de alúmina. La SEPI depende del Ministerio de Hacienda y, recientemente, la ministra del ramo, María Jesús Montero, ha designado a la ya expresidenta de Navantia, Belén Gualda, como nueva cara visible de una sociedad industrial que ha cobrado especial protagonismo en la crisis pandémica al gestionar un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas especialmente golpeadas por el coronavirus. Sin embargo, y según coinciden distintas fuentes consultadas por este medio, el alto cargo del Gobierno central que estaría pilotando las negociaciones con la corporación Alcoa, con sede en Pittsburgh, es el secretario general de Industria, Raül Blanco, quien, de hecho, también se sienta en el consejo de administración de la SEPI.

Sería Blanco, que la pasada semana se reunió de forma telemática con representantes de la Xunta y los sindicatos para aportar información sobre la marcha de las negociaciones con Alcoa, quien está liderando las conversaciones con los de Roy Harvey. No obstante, la salvación de la única planta de aluminio primario que queda en España aúna a muchos más departamentos del Gobierno. Si bien Blanco es el número dos de la ministra Reyes Maroto en lo que tiene que ver con gran empresa y pymes, en las negociaciones con la multinacional también juega un papel fundamental el asesoramiento de la Abogacía del Estado, en este caso dependiente del Ministerio de Justicia.

De Maroto a Teresa Ribera

Pero, por otro lado, desde la propia Xunta de Galicia siempre se ha aludido a la importancia para el futuro del complejo lucense de Alcoa del papel del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. Su departamento elaboró, junto con el de Industria, el famoso Estatuto para el Consumidor Electrointensivo, llamado a garantizar un precio energético estable para los grandes consumidores. Hace unos días, la titular de este departamento indicó que la situación actual de la aluminera dejaba a las claras que “el problema nunca fue el precio de la electricidad” que muchas veces se le achacó, sino una decisión estratégica de abandonar España.

La ministra manifestó su creencia en que las negociaciones entre ambas partes tendrán un rápido desenlace, pero dejó claro que el papel del Gobierno ha de ser temporal. Ribera señaló que es importante que en empresas con activos de estas características haya un socio industrial interesado, pues es algo demasiado «sofisticado» como para pensar que una planta así pueda ser gestionada por un responsable del Ministerio de Hacienda o de Industria.

A todo esto también hay que sumarle el hecho de la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, la ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, siempre ha seguido muy de cerca la situación de los trabajadores de San Cibrao. No solo fue de los primeros cargos del Ejecutivo que puso sobre la mesa la posibilidad de la intervención estatal, sino que antes de acceder al Ejecutivo protagonizó buena parte de los debates industriales durante los últimos años en la Cámara baja, destacando aquellos relacionados con Alcoa y sus antiguas plantas en A Coruña y Avilés, ahora bajo la marca Alu Ibérica (la Audiencia Nacional investiga la posible despatrimonialización fraudulenta de ambas fábricas). Precisamente, la antigua abogada laboralista fue imputada por su participación en una protesta frente al Congreso junto a trabajadores, investigación que finalmente fue archivada tras denunciar Unidas Podemos a la jueza, que insistió en un primer momento en imputarla a ella y a otros diputados pese a su condición de aforada.

La negociación por delante

Pero, implicados a un lado en las negociaciones, ¿cuál es la hoja de ruta que tiene por delante el Gobierno central para con el futuro de Alcoa? El secretario general de Industria, Raül Blanco, abrió la pasada semana la puerta a la posibilidad de que las negociaciones con la multinacional se extiendan más allá de la fecha marcada del 30 de abril. La compañía aluminera insiste en que su voluntad es la de llegar a un acuerdo: está dispuesta a vender la planta por un euro y aportar una cuantiosa suma para inversiones futuras (cuando vendió las plantas de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter comprometió ayudas de más de 90 millones de euros), pero siempre que se responda a su demanda de indemnidad que, asegura, ya fue aceptada por el propio Gobierno en las negociaciones que se llevaron a cabo el pasado año, pero que no llegaron a término.

La empresa entiende que la contribución económica aportada por Alcoa compensaría las responsabilidades y obligaciones generadas por la planta de aluminio hasta su venta, además de recordar que la SEPI, por su parte, tendrá la oportunidad de evaluar esas responsabilidades a través del proceso de diligencia debida (due-diligence).

Blanco indicó que el Estado mantendrá reuniones tanto con Alcoa, para tratar de llegar a un acuerdo cuanto antes, como con Liberty House, la única compañía que hasta ahora ha manifestado públicamente su interés en hacerse con la aluminera de Cervo. La reunión con los de Sanjeev Gupta se plantea para confirmar si la compañía puede continuar como potencial comprador, teniendo en cuenta los problemas que ha generado la quiebra de Greensill, principal financiador del grupo GFG Alliance.