SOS de los sindicatos a la Xunta para evitar que el dueño de Xeal venda el negocio hidráulico
El comité de empresa de Xeal pide una reunión con la compañía y con dos conselleiros ante los rumores del interés de ocho compradores por las diez minicentrales hidroeléctricas de la antigua Ferroatlántica
Imagen de la protesta de trabajadores de Xeal frente a la sede de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela / Europa Press
El presidente del comité de empresa de Xeal, Alfonso Mouzo, urge una reunión con el fondo Sixth Street Partners, con el vicepresidente económico, Francisco Conde, y con la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, para evitar una posible venta de las diez minicentrales hidroeléctricas de la compañía.
Los representantes de los trabajadores reclaman a la compañía que aclare si tiene intención de vender estas diez instalaciones que, según el diario El Economista, han despertado el interés de ocho compradores. Fuentes de Xeal han negado a Europa Press cualquier posibilidad de venta, toda vez que «la compañía sigue centrada en su plan de inversiones».
Las denuncias del comité de empresa
Por su parte, en declaraciones a la agencia Mouzo ha denunciado que en 2019 «hicieron una operación fraudulenta» después de que la justicia impidiese la segregación de la actividad hidráulica de las ferroaleaciones. «Seguimos dependiendo de Ferroatlántica pero estamos fuera de él», resume, lo que supone que: «Ferroatlántica pone antes a trabajar los hornos en las fábricas que tiene en España y en toda Europa antes que los nuestros». Esta gente solo se viene a lucrar con los beneficios caídos del cielo», apostilla.
«El grupo Ferroatlántica es el que maneja la producción en las fábricas, de hecho corre con los gastos todos en las fabrica, incluidas las nóminas», afirma. «Xeal le manda una factura al acabar el mes de las nóminas y el grupo Ferroatlántica ingresa a Xeal las nóminas, es un auténtico fraude», agrega. «Estos buitres americanos es a lo que vienen: a hacer limpia y dejar un desierto industrial», recrimina.
A esto se une que, desde el 1 de enero, los trabajadores padecen «condiciones inferiores» al convenio colectivo que le corresponde, según se queja, pero «la Xunta mira para otro lado». Asimismo, exige que el Gobierno gallego demande un plan de viabilidad que mantenga puestos de trabajo, ya que la actividad industrial «va a menos», pues se pasó de 293 empleados en todo el complejo en 2019 a 260 actualmente, según ha precisado.
La Xunta no tiene constancia de una hipotética venta
Desde la Xunta de Galicia aseguran no tener «constancia de esta operación», pues «la empresa no se puso en contacto para informar». En esta línea, sostiene que «el objetivo sigue siendo garantizar la continuidad de la actividad industrial y estar al lado de los trabajadores en defensa de los puestos de trabajo».
«La Xunta de Galicia seguirá actuando con el mismo rigor y la misma transparencia que mantiene desde el principio, tal y como hizo en 2017, cuando se dijo no a la segregación. La posición del Gobierno gallego es clara: mantenerse vigilante para que se cumplan las condiciones fijadas en las concesiones, haya o no haya venta», aseveran estas mismas fuentes.
