Seprotec araña otros dos millones a la Generalitat con sus traductores inexpertos
La compañía madrileña se impone en los cuatro lotes del concurso convocado por el departamento de Justicia por un importe que supera los 2,5 millones de euros
Plena confianza. El departamento de Justicia de la Generalitat ha adjudicado a Seprotec, la empresa de traductores que no dominan los idiomas, los servicios de interpretación y traducción de todos los juzgados catalanes.
Seprotec es una compañía de servicios lingüísticos que se ha visto envuelta en numerosas polémicas por los criterios de selección de sus traductores, por las condiciones laborales y por la calidad de sus trabajos en los juzgados españoles, especialmente en los de la Comunidad de Madrid.
Se come todo el pastel de las traducciones judiciales
Tal como publica el Diario Oficial de la Generalitat en la edición del pasado 20 de mayo, Seprotec ha ganado los cuatro lotes territoriales en que se ha dividido el pastel de las traducciones judiciales.
El importe de la adjudicación de los servicios de interpretación y traducción de la fiscalía y de los juzgados catalanes, por el período de un año, supera los 2,5 millones de euros (2.083.000 euros de base y 437.000 euros de IVA).
Seprotec se ha impuesto en los cuatro lotes territoriales del concurso: el primero, correspondiente a Barcelona ciudad y Hospitalet de Llobregat (donde se encuentra la Ciudad de la Justicia), por un importe de más de 712.000 euros; el segundo, del resto de la provincia de Barcelona, por cerca de 800.000 euros; el tercero, de la provincia de Girona, 613.000; y el cuarto, a las de Lleida y Tarragona, por 405.000 euros.
El año pasado también se impuso en los cuatro lotes del concurso
Esta misma compañía de servicios lingüísticos también ganó en los cuatro lotes del concurso convocado por la Generalitat el año pasado, también por el período de una anualidad, si bien por un importe superior, que rebasó los 2,8 millones de euros.
Esta redacción se ha puesto en contacto con el departamento de Justicia de la Generalitat para recabar datos sobre el concurso y las empresas que habían concurrido en el mismo, pero, al cierre de esta información, no se habían facilitado.
