Sandra Ortega, su ex número dos, Room Mate… Los juzgados reconstruyen el día a día en Rosp Corunna

Rosp Corunna, el holding inversor de la mujer más rica de España, Sandra Ortega, cerró el año de la pandemia con unos números rojos de 91 millones de euros. Sin embargo, aquel ejercicio, además de en pérdidas, la compañía lo acabó con una revolución en toda regla que derivó en una guerra judicial cruzada entre la heredera de Rosalía Mera y su histórica mano derecha, el economista José Leyte. En el epicentro, la inversión en Room Mate, la cadena hotelera de Kike Sarasola, en la que, a día de hoy, la primogénita de Amancio Ortega mantiene una participación de un 31% de la que pretende deshacerse.

El 18 de noviembre de aquel año, Rosp Corunna comunicó al ejecutivo su cese, para lo que alegó una pérdida de confianza. Comenzaría entonces una pugna judicial que se prevé larga y compleja. Por un lado, Leyte denunció a la compañía coruñesa por despido improcedente. El pasado enero, el Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña desestimó la demanda del exdirectivo al entender, al contrario de lo que él defendía, que el puesto que ostentaba en el grupo era de Alta dirección debido a los poderes que ejercía.

Sandra Ortega toma la delantera

Pero, en paralelo, Sandra Ortega habría interpuesto dos querellas criminales contra Leyte, en las que lo acusa de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. Una de ellas pivota sobre la polémica inversión en Room Mate. La hija de Amancio Ortega asegura que el directivo falsificó su firma para beneficiar a la hotelera (pendiente en la actualidad de un rescate de la SEPI por valor de unos 50 millones de euros). Según la versión de Rosp Corunna, la compañía pudo acceder a créditos bancarios gracias a las llamadas comfort letters, una suerte de cartas de patrocinio que funcionan como garantías por las cuales una empresa avala a otra y garantiza el pago de deudas contraídas por la primera con su propio patrimonio.

El asunto encierra muchas derivadas. Aunque Sandra Ortega se querelló contra Leyte por la presunta falsificación de su firma, los bancos que concedieron los créditos a Room Mate también se ven ahora atrapados. Al fin y al cabo, habrían concedido créditos millonarios (estima uno de ellos que hasta 150 millones) a una compañía que cerró 2019 en situación de quiebra técnica. Así, hasta cuatro entidades –Deutsche Bank, Abanca, Bankinter y Société Générale– solicitaron al juzgado que Ortega Mera, aún siendo querellante, también fuese investigada en el marco de este proceso, al entender que tenía que ser conocedora de las simulaciones de su firma. Al menos de momento, la empresaria parece contar con una mano mejor que la de su contrincante. Esta misma semana, la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña desestimó los recursos de apelación interpuestos por las financieras contra un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad herculina que rechazaba la admisión a trámite de una querella inicial formulada por Deutsche Bank contra Rosp Corunna. La segunda fortuna de España tras Amancio Ortega no será, a la vez y en el mismo proceso, querellante e investigada.

Tanto el juicio del despido improcedente de Leyte como la querella de las comfort letters son dos procedimientos distintos pero que guardan algo en común: las autoridades judiciales tratan de desgranar el día a día en Rosp Corunna, un imperio de 6.000 millones de euros.

Sin ‘sistemas de Compliance’

En su querella inicial contra Sandra Ortega, Deutsche Bank asegura que “resulta inverosímil que la administradora única de Rosp no tuviese un conocimiento total de la situación de Room Mate”. Así, el banco defiende que “no es creíble que (…) no se enterase de la modificación de las garantías”. Es más, sus abogados sostienen que era conocedora de que “la mayoría de las firmas de las cartas de patrocinio han sido simuladas” y que, ahora, usaría esto «para intentar liberarse de unas obligaciones de pago frente a mi representada y otros bancos».

En cualquier caso, independientemente de la resolución del juicio por las comfort letters, lo que se extrae de los autos publicados es que, hasta la ruptura laboral, la confianza entre Sandra Ortega y su histórico asesor (ya lo fue de su madre) parecía total.

Según revela el auto dado a conocer esta semana, en su argumentación, Deutsche Bank apunta a que Rosp Corunna “no tenía, según se dice en la propia querella, un protocolo o sistema de Compliance para gestionar la firma de su administradora única en documentos tan importantes como son las cartas de patrocinio», que solo podía firmar la misma.

Los denominados sistemas de Compliance son una serie de procedimientos dentro de las empresas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan. De hecho, la teoría dice que, entre otras cosas, sirven como mecanismos para atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica en caso de que se cometan determinados delitos por miembros de la organización.

Reuniones semanales

Aunque ahora enfrentados en los juzgados, la relación entre Ortega Mera y José Leyte era fluida. Al menos, ambos mantenían reuniones constantes. Es otro de los datos que emerge en el marco de la guerra legal. En este caso, en los fundamentos de derecho de la sentencia que desestima la demanda laboral del ejecutivo, la magistrada Ana María Souto llama la atención sobre la declaración testifical del director de Inversiones de Rosp. Este, manifestó que Leyte “ostentaba, por delegación de Sandra Ortega, amplia capacidad de decisión y gozaba de amplia autonomía para el desarrollo de sus funciones en aras de gestionar su patrimonio”.

Según ese testimonio, Leyte se reunía todos los lunes con Sandra Ortega “para simplemente informarle de las operaciones más significativas o transcendentes, pero no para requerir su autorización, correspondiéndole al actor fijar el orden del día de esas reuniones, por lo que era el demandante quien decidía qué operaciones se ponían en conocimiento y cuáles no”.

Inditex, al margen

En esa sentencia también se expone como hecho probado que, aún en vida de Rosalía Mera, el 15 de mayo de 2001, Rosp Corunna otorgó poderes al ejecutivo para, entre otras cuestiones, “administrar y representar a la sociedad, crear oficinas, organizar servicios, contratar personal, celebrar contratos de préstamos y créditos, retirar o disponer del dinero por medio de cheques, realizar transferencias y efectuar pagos, constituir sociedades y realizar operaciones de fusión y disolución de sociedades”.

Eso sí, al menos sobre el papel, había una serie de excepciones. La primera, que las operaciones de más de 600.000 euros necesitarían de una “actuación mancomunada y conjunta” del exdirectivo con Sandra Ortega. La segunda, que sus poderes excluían con carácter general, “cualquier acto de disposición o gravamen sobre las acciones de Inditex”.

Y es que, al fin y al cabo, ocurra lo que ocurra en la guerra judicial abierta por la participación de Rosp Corunna en Room Mate, Sandra Ortega, el mayor patrimonio femenino de España, seguirá atesorando una millonaria fortuna sostenida principalmente en el paquete accionarial que posee en Inditex y que equivale a un 5% de su capital.