Sandra Ortega reclama tres millones a su exmano derecha al margen de la querella por Room Mate

La guerra de Sandra Ortega, la mujer más rica de España y presidenta de Rosp Corunna, contra su antigua mano derecha, José Leyte, tiene muchos capítulos que se van desgranando en los tribunales. Ahora se sabe que, además de la querella de la sociedad patrimonial contra el ejecutivo por, supuestamente, falsificar la firma de la heredera de Rosalía Mera en unas confort letters o cartas de patrocinio que avalaron a la hotelera Room Mate ante los bancos, también le reclama una cantidad cercana a los 3 millones de euros y que estaría relacionada con una supuesta variación de las tablas salariales en la compañía coruñesa.

El Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña ha acordado continuar con la tramitación del procedimiento derivado de la demanda presentada por Rosp Corunna contra Leyte, si bien anuncia no se resolverá la sentencia hasta que se diriman otras causas penales abiertas también en los juzgados de instrucción de la ciudad herculina y que estarían relacionadas con esta demanda al pivotar también sobre la presunta falsedad documental. Es decir, la sentencia sobre la reclamación no se llevará a cabo hasta que no se haya resuelto la querella en la que se asegura que el ejecutivo incurrió en un delito de falsedad documental al variar las tablas salariales del grupo.

«Prejudicialidad penal»

El magistrado ha decretado que el juicio por la reclamación de estos casi tres millones de euros se celebre. Fue suspendido el pasado mes de abril debido a las alegaciones presentadas por el demandando. No obstante, el juez estima que concurre una de esas cuestiones, la prejudicialidad, “derivada de los dos procedimientos abiertos en juzgados de instrucción de A Coruña y en los que se asegura que se podría poner en duda documentación que afecta a este procedimiento”.

En las dos causas penales en curso se investiga un delito de falsedad documental “que tiene una notoria influencia en el pleito, hasta el punto de ser la clave de bóveda de la demanda articulada”. Por tanto, el juez concluye que concurre la denominada excepción de prejudicialidad penal. “El juez de lo Social no puede entrar a calificar la falsedad de un documento de notoria influencia en el pleito y, menos, declararlo falso«, explica.

Así, indica que las tablas salariales que, “conforme se afirma en la querella y a lo concretado en la prueba pericial”, han sido presuntamente “modificadas” por el querellado son “la base de la reclamación ahora planteada, la misma, por cierto, que la reclamada en sede penal, lo que denota la importancia que el mismo conlleva”.

En definitiva, hasta que no se aclare si, efectivamente, Leyte incurrió en un delito de falsedad documental al modificar las tablas salariales de Rosp Corunna no se podrá resolver esta otra demanda, en la que le reclama tres millones de euros por tal motivo.