Sandra Ortega reactiva su resort de lujo en Portugal tras la paralización judicial
El alcalde de Grândola emite una "resolución fundamentada" en la que se destaca el "interés público" del proyecto para poner fin a la suspensión provisional de la obra decretada en febrero por el Tribunal Administrativo de Beja
Imagen aérea de la península de Tróia, en la que se aprecian algunos de los emprendimientos turísticos / Troia Resort
La próxima semana reanudarán su actividad las obras de urbanización del proyecto inmobiliario y turístico de Sandra Ortega en Portugal, el resort de lujo Na Praia ubicado en la península de Tróia, tras haber recibido el visto bueno del alcalde de Grândola, António Figueira Mendes, en una «resolución fundamentada» en la que se destaca el «interés público» del proyecto.
Así lo ha trasladado Ferrado Nacomporta, miembro de la promotora, al medio portugués Expresso. Con la autorización del regidor municipal se pretende poner fin a la suspensión de obra decretada el pasado 23 de febrero por el Tribunal Administrativo de Beja.
El órgano judicial y la Fiscalía dejaron en suspenso la licencia de urbanización de la inversión estrella de la hija mayor de Amancio Ortega al aceptar la medida cautelar solicitada por Dunas Livres, una plataforma ecologista integrada por distintos colectivos ambientalistas, que aseguran que el resort provocará «impactos muy significativos sobre los sistemas ecológicos, además de riesgos costeros, presión sobre recursos hídricos, suelos y paisaje».
Decisión provisional
La resolución del alcalde, emitida el pasado 20 de marzo, fue ratificada este jueves por la cámara. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Beja puede rechazar los argumentos presentados por el municipio al tratarse de una obra privada.
En todo caso el regidor de Grândola recordó la calificación de Potencial Interés Nacional del proyecto al ser considerado como «una pieza clave» en el desarrollo de la actividad turística y económica del litoral.
Protección de las especies endémicas
Desde Dunas Livres defienden que las obras están al lado de áreas clasificadas que contienen especies protegidas que hay que cuidar. El grupo ecologista descarta algunas de las medidas propuestas para ejecutar el proyecto como, por ejemplo, la posibilidad de trasplantar estos ejemplares en otras zonas ya que «la tasa de éxito en estos casos es baja».
Tal y como avanza Expresso, tras la denuncia de la asociación Dunas Libres el Instituto de Conservaçao da Naturaleza e das Florestas (ICNF) inspeccionó la zona concluyendo hacer encontrado indicios de que el promotor realizó acciones «que constituyen una violación de la ley», como «desenraizar» o «destruir» plantas. A pesar de la comprobación del ICNF, el expediente administrativo, según explican, terminó siendo archivado por la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
El archivo de este expediente es uno de los argumentos esgrimidos en la resolución del alcalde de Grândola para reanudar las obras en la zona. En concreto, argumenta que cuando en la «fecha de la solicitud cautelar se habían realizado todos los movimientos de tierra» y que la asociación tenía que haber sido más «expedita» en acudir a la vía judicial.
Por su parte, desde el grupo ecologista tachan estas declaraciones de «caricatura» y defienden que solicitaron la documentación sobre el proceso en 2020 y «no consiguieron consultarla hasta el 2022» cuando tuvieron que hacer frente al pago de 1.180 euros.
Conflicto de intereses
Dunas Livres denunció a principios de marzo la posible existencia de un conflicto de intereses en el caso. Según relataron, la consultora Nemus que elaboró el estudio de impacto ambiental para Rosp Corunna –en este caso, para la filial portuguesa Ferrado Nacomporta– fue también una de las empresas adjudicataria de la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente (APA) para el modelo de ordenación de la franja costera en 2014 entre Espichel y Odeceixe, que abarcan las zonas costeras de Grândola, Setúbal o Santiago do Cacém.
Estos trabajos –que realizó junto a la empresa Consulmar– consisten en «definir, en función de las características del territorio, de las amenazas que enfrenta y de sus potencialidades, lo que se puede y no puede hacer, conduciendo a la elaboración de un nuevo plano de ordenación».
El grupo ecologista entiende que existe un conflicto de intereses ya que «la empresa que ganó aquel concurso público aparece ejecutando la evaluación del Conjunto Turístico Na Praia en el mismo territorio donde años antes ayudó a definir las reglas».
Por este motivo Dunas Livres presentó una queja ante la Provedoria de Justiça organismo público independiente que tiene como mandato proteger los derechos, garantías y libertados de individuos y colectivos frente a cualquier acto abusivo de las administraciones públicas.
