San José se libra del ‘caso Villarejo’
La Audiencia Nacional archiva la investigación por los supuestos servicios del comisario encarcelado José Manuel Villarejo a la constructora gallega
La Audiencia Nacional ha archivado la investigación por los supuestos servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo a la constructora gallega San José. Un auto del juez Manuel García Castellón fechado el pasado 14 de diciembre concluye que no se ha podido corroborar la «perpetración de delitos que dieron lugar a la formación» de la pieza separada número 16 del caso Tándem, que se abrió el 19 de septiembre de 2019.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señala que no existen indicios de la comisión del delito de cohecho, ya que no consta ni que se llegara a consumar los ofrecimientos por parte de Villarejo y su socio Rafael Redondo para espiar a un grupo de medios de comunicación gallegos que informaba negativamente sobre la constructora, ni que ésta abonara tales servicios.
La pieza tiene su origen en las gestiones realizadas en septiembre de 2009 entre el Grupo Cenyt, controlado por el comisario encarcelado, y el investigado José Antonio Carpintero, director de Prevención, Seguridad y Patrimonio del Grupo San José para mejorar la imagen reputacional de la compañía que dirige Jacinto Rey.
San José mantuvo conversaciones con la empresa de Villarejo
Según explica el auto, después de que un comité de dirección analizara el tratamiento mediático estaba recibiendo el Grupo San José, «se intentó buscar alguna empresa a la que pudiera encargarse la ejecución de las medidas necesarias para lograr esa mejora en la imagen pública». Dentro de esa búsqueda, Carpintero encontró una tarjeta de visita del Cenyt, que no recuerda cuándo ni cómo consiguió, y por ello decidió entablar conversaciones con la empresa de Villarejo, explicó en su declaración como investigado ante el juez.
Tras estas conversaciones, Villarejo realizó un informe preliminar en el que estableció los objetivos a desarrollar en dos fases, así como las denominadas Notas Bird, que recogían información sobre grupo de medios de comunicación gallegos al que había que espiar.
A todos estos documentos hay que sumar también un estudio económico a modo presupuesto de los servicios encargados, cuyo coste era alrededor de un millón de euros y con una duración de entre seis meses y un año.
No consta que San José aceptara los servicios del excomisario
El juez instructor afirma que no consta que Carpintero «realizase ningún ofrecimiento o promesa para tratar de corromper» a Villarejo en su función pública de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. «De hecho, ni siquiera consta que se hiciera pago alguno en el curso de la conversación que mantuvieron previa a un eventual encargo«, añade.
Asimismo, destaca que ni de la documentación recogida en el domicilio de Rafael Redondo Rodríguez, el socio de Villarejo, ni de las actuaciones practicadas en sede de instrucción, se puede inferir que Grupo San José aceptara el ofrecimiento realizado por Villarejo y su socio, «ni que abonara importe alguno por las gestiones realizadas o en el curso de las conversaciones o negociaciones mantenidas».
