San José se libra de la acusación de fraude en las obras del AVE
La Audiencia Provincial de Murcia anula el auto que abría juicio a ocho ejecutivos de San José por un presunto fraude en las obras del AVE a Murcia
Ocho ejecutivos de Grupo San José esquivan el banquillo de los acusados por las presuntas irregularidades en las obras del AVE a Murcia. La Audiencia Provincial de Murcia ha decidido anular el auto del 23 de enero de 2019 por el que la titular del juzgado de instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte Villar, procesaba a más medio centenar de ejecutivos por haber cometido presuntos delitos de estafa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, de delito de insolvencia punible y de ser partícipes a título lucrativo de una operación en la que calculaba que se habrían desviado al menos 23 millones de euros de dinero público.
Sin embargo, la Audiencia Provincial ha decidido estimar totalmente el recurso presentado por la Fiscalía y decide anular el auto de la jueza de primera instancia al entender que existe falta de motivación y de indicios incriminatorios para abrir esta nueva fase en el denominado Caso César.
El movimiento de la Audiencia Provincial devuelve el caso a la casilla de salida y será la titular del juzgado de instrucción número 9 de Murcia la encargada de decidir si sobresee el caso o si, por el contrario, dicta otra resolución que cumpla las exigencias legales de motivación.
De San José a Sacyr y Dragados
Las investigaciones ponían en el centro de la diana a la propia San José y a otras siete constructoras (Acciona, Dragados, Sacyr, Tecsa, Neopul, Villegas y Hormigones Martínez) por facturas presuntamente falsas o infladas por las obras de reposición de las redes de regadío afectadas por el proyecto que unía la línea de alta velocidad (AVE) entre la localidad alicantina de Crevillente con Murcia.
Adif calculaba que San José habría causado un quebranto de 6,32 millones de euros en sus cuentas a través de costes sin justificar y de facturas infladas en su tramo de 7,9 kilómetros y un desfase entre la fecha de finalización de las obras y la expedición de las facturas, que en el caso de la constructora gallega “supera los dos años”.