San José se enreda en el AVE: Adif reclama 35 millones por desvío de fondos en Murcia
Adif estima en 35 millones la reclamación en el proceso por malversación en las obras del AVE a Murcia, que afecta a San José y otras siete constructoras
Antes de que el no soterramiento del AVE en su entrada a Murcia desatara una multitud de manifestaciones, la línea de alta velocidad a la región ya había generado escándalo por una causa judicial que investiga la malversación de fondos públicos en la construcción de la infraestructura. La juez Olga Reverte, del Juzgado de Instrucción número 9, imputó a las ocho constructoras responsables de la línea entre Crevillente y Murcia bajo la sospecha de ser “cooperadoras” de un delito de estafa y falsedad documental para desfalcar fondos públicos inflando los costes de las actuaciones. En esa lista de contratistas están empresas tan conocidas como Acciona, Dragados, Sacyr o la gallega San José.
A la constructora de Jacinto Rey le correspondería solo una parte, el tramo entre Colada de la Buena Vida y Murcia, pues el resto de las obras se las repartieron entre Acciona, Dragados, Sacyr, Tecsa, Neopul, Construcciones Villegas y Construcciones Hormigones Martínez. La jueza, en un auto del pasado 5 de febrero, sospecha que pudieron ser cooperadoras necesarias en el fraude. El brazo ejecutor habría sido una subcontrata, Obras Marimar SL, la que en última instancia habría inflado los costes en la reposición de infraestructuras hidráulicas en zonas de regadío, básicamente acequias y azarbes, afectadas por la línea de alta velocidad. Estaban presupuestados en 11,4 millones pero acabaron costando 71,5 millones, según el informe entregado por Adif al juzgado, que desveló La Verdad.
Adif estima el desfalco en 35 millones
El gestor de infraestructuras, que tiene ahora al frente a Isabel Pardo de Vera, solo ha hablado de la causa a través de informes entregados al juzgado, pero sí que ha dejado constancia del litigio en su memoria de ejercicio. Adif indica que “está personada como acusación particular” al verse “perjudicada del desvío de fondos y sobrecostes”. “La entidad estima que la cuantía a reclamar podría ascender a 35 millones de euros”, relata en la memoria anual.
Esos 35 millones corresponderían a los sobrecostes desembolsados para las actuaciones que los contratistas no han podido justificar como gasto y eleva notablemente las cifras manejadas en el peritaje judicial que salió a la luz pública en febrero y que situaba el desfalco en torno a los 22 millones.
San José lidera los sobrecostes
¿Cómo se vería afectada cada constructora? La única referencia al respecto es el propio informe pericial sobre las facturas giradas a Adif, según el cual, San José lideraría los sobrecostes no justificados con un exceso de 3,3 millones; la UTE formada por Sacyr y Neopul para el tramo entre Orihuela y Colada de la Buena Vida rondaría los tres millones; en la conexión entre San Isidro y Orihuela, a cargo de Dragados, Tecsa y Construcciones Hormigones Martínez, se habrían desfalcado 730.000 euros; mientras que Acciona y Construcciones Villegas se habrían llevado 220.000 euros de exceso en el tramo Crevillente-San Isidro.
Las obras se adjudicaron entre 2008 y 2010 y en la causa están imputados antiguos altos cargos de Adif, entre ellos, el expresidente Gonzalo Ferre y los que fueran directores generales Antonio Gutiérrez y Javier Gallego. La investigación contra los exdirectivos dilucida si favorecieron el fraude al hacer caso omiso a un informe de 2014 que alertaba del presunto desfalco. Dicho informe lo elaboró GPO, una de las cuatro empresas de control de obras contratadas por Adif para evitar irregularidades en el desarrollo de las obras, aparentemente, sin demasiado éxito.
