San José se enfrenta a un veto de diez años en contratos públicos
La Abogacía del Estado reclama que las ocho constructoras procesadas por el presunto fraude del AVE a Murcia no puedan pujar por obra pública en una década
La investigación por el presunto fraude del AVE a Murcia vuelve a dar dolores de cabeza al Grupo San José. La compañía, que ha visto cómo la titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Murcia, Olga Reverte, procesaba a ocho directivos de las compañía por presuntos sobrecostes injustificados, ahora ve cómo el estallido de este caso podría apartarla de contratos de obra pública durante diez años.
La Abogacía del Estado, que ejerce de acusación privada en un caso en el que Adif denuncia un desvío de fondos por valor de 35 millones de euros (frente a los 24,9 millones que estima el Ministerio Fiscal), reclama que las ocho constructoras investigadas en esta causa sean privadas de todo tipo de adjudicación pública por un periodo de diez años.
La Fiscalía da un balón de oxígeno
La Abogacía del Estado pide una condena global de 547 años para los casi 50 encausados de empresas como San José, Dragados, Tecsa, Acciona, Villegas, Hormigones Martínez, Sacyr y Neopul acusados de delitos de prevaricación, fraude en concurso con malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.
Se trata de unas peticiones significativamente más duras que las efectuadas por la propia Fiscalía. El Ministerio Público rebaja a a 373 los años de condena que pide para los procesados y en su escrito no hace ninguna mención a vetar a estas ocho constructoras de adjudicaciones públicas en España.
Posibles multas millonarias
Ademá del encarcelamiento de directivos y el posible veto a la obra pública española, sobre las ocho constructoras acusadas por los presuntos fraudes del AVE a Murcia se proyecta la sombra de unas multas millonarias.
Y es que la Abogacía del Estado reclama multas que tripliquen el perjuicio causado a las arcas públicas mediante esta trama de facturas falsas. Solo en el caso de la constructora presidida por Jacinto Rey, la jueza estima que causó un golpe de 6,32 millones al gestor ferroviario, lo que elevaría una eventual multa hasta rozar los 19 millones de euros.
Operaciones ficticias y contratos troceados
El centro de esta trama gira en torno a una pequeña empresa murciana: Obras Marimar. A través “de operaciones presuntamente ficticias (…) habría permitido y dado cobertura a una presunta desviación de fondos públicos, dando apariencia de realidad a unos trabajos que no habrían tenido lugar y que se habrían trasladado a las facturas expedidas por los [ocho] contratistas”, asegura el auto de la jueza Olga Reverte.
La firma gallega habría subcontratado a esta firma para realizar unos encargos valorados en 2,76 millones de euros para ejecutar unas obras de retranqueo de infraestructuras de riegos que ahora se encuentran bajo la lupa de la justicia. “El importe de gasto facturado por esta mercantil correspondiente a operaciones presuntamente ficticias imputable a Constructora San José asciende a 2,44 millones de euros”, concluye la jueza en el auto.
A este encargo de trabajos presuntamente ficticios con el mero objetivo de cobrar cantidades adicionales de Adif se sumaría el presunto troceo de contratos para que estos no superasen la barrera de los seis millones de euros. La razón, a juicio de la titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Murcia, era que su aprobación pasase solo por las manos de los responsables de tramo de Adif (también procesados) y no por el Consejo de Administración de Adif.
