Reyal Urbis enfila la liquidación tras inadmitirse la propuesta de convenio

El futuro de Reyal Urbis, la inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría, queda muy tocado tras el auto de Francisco Javier Vaquer, magistrado titular de Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, de no admitir a trámite la propuesta de convenio de acreedores presentada por la sociedad para tratar de salir del concurso.

Tras conocer el auto, dictado el pasado lunes, la inmobiliaria ha anunciado su intención de interponer recurso de apelación contra el mismo, y solicitar la suspensión de cualquiera de los efectos que se deriven del auto hasta que se resuelva el recurso.

El juez se tomó su tiempo

El juez ha tardado su tiempo en analizar la propuesta de convenio presentada por Reyal Urbis, pero, al final, ha llegado a la conclusión de que el plan para acometer la devolución de los más de 3.500 millones de deuda no resulta asumible.

El pasado 6 de marzo el juez había requerido a la empresa a que facilitara más información y subsanara algunos errores detectados porque, a su juicio, sin estas rectificaciones no podía admitir a trámite la propuesta inicialmente presentada. Tres semanas después, el 30 de marzo, Reyal Urbis presentaba la subsanación de determinados aspectos, aportando un texto consolidado de la propuesta de convenio.

Los 400 millones de deuda a Hacienda pesan lo suyo

Las dudas que el magistrado necesitaba aclarar pasaban por el plazo indefinido –a largo plazo, decía la inmobiliaria– que se fijaba para devolver los 400 millones de euros que se adeudan a la Hacienda Pública, y, además, conocer más extremos acerca de las razones que Reyal Urbis había seguido para el sorteo de activos entre los acreedores.

En líneas generales, en esa primera propuesta, tras asumir que no podrá devolver el pasivo de 4.000 millones de euros que arrastra, la promotora presidida ponía a los acreedores ante la tesitura de asumir una quita del 80% de ese pasivo. Y, además, limitada a los 3.500 millones de que la empresa debe a la Sareb, principal acreedor, y a más de 20 entidades financieras, casi la mitad extranjeras.

Más provisiones para los bancos

Con ese planteamiento, y viendo el importe de lo provisionado ante las lógicas minusvalías que se vislumbraban, serían en torno a unos 1.000 millones de euros adicionales los que los bancos tendrían que aportar hasta alcanzar el nivel de fallidos que esa quita del 80% comportaría.

Otro extremo que el magistrado quiso aclarar son las dudas relativas a que Reyal Urbis pueda generar, con los activos que se quedaría, ingresos suficientes para cumplir con el compromiso de pagar 500 millones de euros a Agencia Tributaria, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos.