Respiro para Celsa: una sentencia avala que aplazase el pago de deuda por el Covid
La empresa, con planta en A Laracha, podría recibir en breve un rescate millonario de la SEPI
Francesc Rubiralta, presidente ejecutivo de Celsa Group
Inyección de oxígeno para Celsa, la siderúrgica del grupo de la familia Rubiralta que, entre otros activos, cuenta con planta en A Laracha (A Coruña). Una sentencia del juzgado de primera instancia 60 de Madrid avala que el fabricante de acero aplazase el pago de su deuda amortizable sénior por causas de fuerza mayor durante la pandemia, según ha confirmado la propia empresa.
Fuentes judiciales han informado de que el magistrado ha fallado a favor de Celsa al dar la razón a Barna Steel, la matriz de esta empresa, que había interpuesto una demanda en la que apelaba a causas de fuerza mayor para detener los plazos de la amortización y las obligaciones del contrato de deuda amortizable sénior.
Juicio con los acreedores
En la sentencia, adelantada por el diario Expansión, el juez resalta que la pandemia impidió a la compañía desarrollar con regularidad su actividad, por lo que vio mermados sus ingresos y en consecuencia su liquidez, según las citadas fuentes.
Así, el magistrado estima que la incapacidad de la compañía para poder asumir las cuotas pactadas y resto de obligaciones derivadas del contrato de financiación son ajenos a esta y causadas por un hecho imprevisible. En cualquier caso, la sentencia puede ser recurrida ante instancias superiores y se refiere a uno de los tres procesos judiciales en marcha entre Celsa y sus acreedores.
Según los datos anunciados por la empresa en febrero de 2022, Celsa consiguió en 2021 recuperar el nivel de producción anterior a la irrupción de la pandemia, tras superar los 6,5 millones de toneladas producidas en sus plantas en Europa.
¿Rescate de la SEPI?
Todo esto a la vez que esta jornada, El Confidencial asegura que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) estaría ultimando el rescate de la compañía con cargo al fondo para empresas afectadas por el Covid.
De llevarse a cabo, podría ser el mayor rescate público impulsado por la SEPI hasta el momento, sobrepasando los 500 millones de euros.
