El Ayuntamiento defiende el resort de lujo de Sandra Ortega: «Renunció al 80% de las camas»

La proliferación de emprendimientos turísticos en la Península de Troia y en el área de Comporta ha generado un movimiento de contestación social. Varios colectivos ven sobredimensionado el planeamiento urbanístico del municipio y juzgan inasumible el impacto ambiental que tendrán los distintos desarrollos. Y no es simplemente por la ejecución de las obras, afectando a vegetación y terrenos dunares, sino también aspectos como el consumo de agua en un territorio que tendrá más camas hoteleras, 20.000, que habitantes, 14.000. Claro está, si todo sigue como está actualmente sobre el papel, lo que parece poco probable.

Esta tensión vivió uno de sus momentos álgidos con la paralización de la inversión estrella de Sandra Ortega. El Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja suspendió de manera cautelar la licencia para las obras del resort a raíz de una denuncia de Dunas Livres, colectivo integrado por varias asociaciones ecologistas. La Cámara Municipal de Grândola, sin embargo, reactivó los permisos mediante una resolución razonada, lo que provocó un enorme malestar entre los críticos con el proyecto y con el plan de desarrollo turístico del municipio.

Ante esta situación, la Cámara que preside la CDU (alianza de izquierdas entre comunistas, verdes y otras formaciones) decidió emitir un comunicado para aclarar aspectos relacionados con todos los desarrollos turísticos de la franja litoral. Y, claro, también relacionados con Na Praia, el proyecto de Sandra Ortega.

Conjunto turístico de «baja intensidad»

El documento señala en su nota final que la licencia de Ferrado Nacomporta, la filial lusa del grupo de Sandra Ortega, se otorgó una vez superado el tramite de evaluación ambiental y en cumplimiento del resto de normativas en vigor. «Es importa salientar que, en este caso específico, el promotor redujo un 80% el número de camas programadas y abdicó de la construcción del campo de golf previsto para la UNOP 9″.

Las UNOP son las zonas de planeamiento en las que se desarrollan los distintos emprendimientos. En el caso de la hija de Amancio Ortega, sus terrenos, adquiridos a Sonae Capital, abarcaban las UNOP 7,8 y 9. Sin embargo, como ya constaba en el proyecto sometido a información pública, la inversora gallega prefirió destinar las 127,4 hectáreas de la UNOP 9 a protección de la flora y prevención de la invasión de especies exóticas, una manera de «compensar» el desarrollo inmobiliario de las otras parcelas.

También constaba en el informe ambiental de la filial de Rosp Corunna que era un conjunto turístico «de muy baja intensidad», que suponía una reducción del 80% sobre lo previsto en el planeamiento. A esto apunta la Cámara Municipal al hablar de la renuncia a la mayor parte de las camas.

Las razones para levantar la suspensión

El Ayuntamiento defiende la reactivación de las obras debido a que su interrupción «dejaría por un tiempo indeterminado vallas abiertas, taludes sujetos a erosión que pondrían en riesgo la seguridad vial, cables de media tensión a la vista», entre otras elementos que consideró peligrosos y que llegaban a «comprometer» el acceso a la península de Troia.

«Si hay algo que puede identificarse en la actuación de la autarquía es justamente lo contrario de lo que algunos insinúan, una intervención para contener el impacto de las operaciones proyectadas y preservar los valores ambientales», concluye la Cámara Municipal de Grândola.