Repsol y Cepsa, reyes de las gasolineras gallegas, llevan al Supremo 30 millones en multas de Competencia

No hay multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, menos aún si es millonaria, que no acabe en los juzgados. Ese es el camino que han seguido Repsol y Cepsa, los dos principales distribuidores de carburantes de Galicia, tras ser sancionados con 30 millones por formar cartel y concertar precios en las estaciones de servicio de diversas localidades de España.

El expediente, una resolución del superregulador del 19 de febrero de 2015, es uno de los procesos que continúa pendiente de la sentencia judicial definitiva, después de que Repsol se librara de una multa de 22,6 millones en marzo de este año tras ser acusada de concertar precios en sus gasolineras abanderadas, un procedimiento que afectó de lleno a Galicia y al grupo Lence Torres, los dueños de Leche Río, pues fueron sancionadas con cuantías menores sus dos estaciones de servicio de Lugo. Tanto Lence como Repsol, también las otras tres sociedades multadas (Lorqui, Macarsa y Cerro de la Cabaña), vencieron a Competencia en los tribunales.

El 60% de las gasolineras, en manos de Cepsa y Repsol

Ahora, la compañía que preside Antonio Brufau lleva hasta el Tribunal Supremo otra sanción por el mismo motivo por valor de 20 millones. Aunque en este caso la conducta anticompetitiva habría tenido lugar en otros territorios –Aragón, Cataluña, Ceuta y Castilla y León–, coincide en el tiempo con la otra investigación y con un momento en el que Galicia marcaba año tras año los precios de los carburantes más altos de España.

De hecho, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo llegó a encargar un informe al Consello Galego da Competencia para acreditar la concentración de mercado y alertar de posibles acuerdos de precios entre las compañías. Ese documento, que fue enviado a la CNMC, señalaba que Repsol tenía el 45% de las gasolineras de Galicia (entre propias y abanderadas) y Cepsa era el segundo mayor operador con el 17,9%. Ambos grupos fueron sancionados por Competencia, en el caso de Cepsa con 10 millones, y las dos han llevado el asunto hasta el Tribunal Supremo.

La Audiencia Nacional acreditó la concertación de precios

Así lo acreditan dos autos de la Sala de lo Contencioso, ambos del 6 de octubre de este año, que admiten a trámite los recursos de casación presentados por las petroleras. Repsol y Cepsa alegaron contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional que les fue parcialmente favorable y que, de hecho, anula la resolución del superregulador. Sin embargo, estima solamente el cálculo erróneo de la sanción impuesto al confundir el ejercicio que tomó como referencia Competencia para el volumen de negocio de las compañías, permitiendo recalcular la multa. De ahí la pretensión de las compañías de llegar al Supremo para anular la sanción.

“La estimación parcial del recurso lo fue en el sentido de anular la resolución en lo concerniente a la individualización de la multa impuesta, al considerar la Sala de instancia que la CNMC utilizó una metodología incorrecta para su cálculo (…) Considera finalmente acreditado el intercambio de información, declarando que no tiene ningún sentido si no es el de la fijación de precios evitando la agresión entre empresas, constituyendo una infracción por objeto”, explican los autos del Supremo, a los que ha tenido acceso este medio.

Las sanciones de Competencia por este expediente afectaron también a Disa (1,3 millones), Galp (800.000 euros) y Meroil (300.000 euros). Galp, según el informe elaborado por Competencia en 2013, controlaba el 8,9% de las gasolineras gallegas. Presumiblemente, estes porcentajes variaron en la ofensiva de la Xunta por incentivar la creación de estaciones de servicio independientes para bajar los precios, aunque los tres grupos continúen siendo predominantes en el sector.