Reganosa y Enagás entierran el hacha de guerra tras más de 20 años de lucha empresarial y judicial

Mucho más que un armisticio. Es el resumen de lo que representa el acuerdo entre Reganosa y Enagás por el que los de Antonio Llardén adquieren la red de gasoductos de la compañía gallega que, a su vez, se hace con el 25% de la planta asturiana de regasificación de El Musel, en Asturias. La operación, además, se cierra con el compromiso de la gestora del sistema gasista de heredar el papel del grupo de Ferrolterra como promotora del hidroducto entre Guitiriz y Zamora y tenerlo en operación en el año 2030. De esta forma, de un plumazo, se disipan las dudas al respecto de si la comunidad quedará descolgada de la primera fase de la puesta en marcha de los corredores del hidrógeno en la Península Ibérica.

La eventual puesta en marcha de este tramo en esta década permitirá conectar a Galicia con el corredor del hidrógeno verde que impulsa España, el H2Med. Para este proyecto, promovido por Enagás, GRTgaz, Teréga y REN para conectar a España con Portugal y Francia, se prevé una inversión cercana a los 2.500 millones de euros.

La Xunta; un sí con condiciones

Este martes, todos las partes implicadas en el acuerdo, que debe pasar ahora las pertinentes autorizaciones, se felicitaban por el mismo. Reganosa, Enagás y también las administraciones de Asturias y Galicia. Eso sí, la Xunta, accionista del grupo dueño de la regasificadora de Mugardos, advirtió que había dado el plácet a la operación con la “condición de que se concreten, por parte de Enagás, las inversiones en infraestructuras en el territorio y mejora del servicio”. Un aviso a navegantes.

En todo caso, más allá del acuerdo empresarial y del virtual desbloqueo de la conexión del hidrógeno de Galicia con la Meseta, el pacto encierra otra curiosa derivada, destacada de forma oficiosa por todos los actores con presencia en esta operación. La misma supone poner fin a una guerra empresarial que dura más de 20 años y que comenzó con el nacimiento mismo de Reganosa.

Un conflicto que ha llegado a los juzgados y que derivó, a lo largo de las décadas, en alegaciones de uno y de otro lado, para torpedear Reganosa la planta de El Musel y Enagás la regasificadora de Mugardos.

Conflicto histórico

Reganosa, Regasificadora del Noroeste SA, se constituyó en 1999 con la participación por aquel entonces de Endesa, Unión Fenosa, Grupo Tojeiro, Xunta de Galicia, las antiguas cajas, el Banco Pastor y la empresa pública argelina Sonatrach. Además de la construcción de la regasificadora, se acometieron los gasoductos de transporte que conectarían la terminal de gas natural licuado con el gasoducto Tui-Llanera en Guitiriz y Abegondo, además de con las centrales de ciclo combinado de As Pontes y Sabón, la refinería de Repsol en A Coruña y Meirama. Dicen las crónicas que la iniciativa desagradó profundamente a Gas Natural y a Enagás, propietaria entonces de las únicas terminales de gas licuado existentes en España, en Barcelona, Huelva y Cartagena.

Hay que tener en cuenta que, Enagás, en manos del Estado hasta su privatización en el año 1994, también llegó a promover una planta de similares características a la de Reganosa en las inmediaciones del hoy Puerto Exterior de Ferrol, un proyecto que luego abandonaría al pasar a manos de Gas Natural.

Al margen de este hecho, para muchos, las desavenencias entre Enagás y Reganosa derivan, fundamentalmente, de la regasificadora de El Musel en la que, ahora, décadas después, desembarca la compañía en manos de los Tojeiro y la Xunta de Galicia.

Alegaciones en contra

Impulsada por Enagás, la planta de regasificación de Asturias se construyó en 2012, pero su entrada en funcionamiento quedó en el limbo debido a problemas legales. No obstante, por su ubicación, podía ser entendida como potencial competencia de Reganosa, lo que dio lugar a un cruce de zancadillas a lo largo de los años.

Una de las últimas emergió en plena pandemia: el Boletín Oficial del Estado (BOE) reveló que un total de nueve organismos habían presentado alegaciones para impedir la aprobación de la declaración de impacto ambiental de la planta de El Musel. Entre ellas, Reganosa y la Xunta de Galicia.

Una maniobra, a su vez, que fue entendida por muchos como una respuesta de los de Emilio Bruquetas a las alegaciones que Enagás presentó contra el trámite administrativo de evaluación ambiental que Reganosa tuvo que reactivar en 2019 para poder seguir operando. En el verano de ese año, una sentencia del Tribunal Supremo anuló un acuerdo del Consejo del Ministros de mayo del año 2016 que eximía a la planta mugardesa del trámite de evaluación de impacto ambiental, una decisión que el Alto Tribunal rectificó tres años después.

De forma pública, las empresas siempre han guardado las formas, si bien, en esa ocasión, por ejemplo, fue la plantilla de Reganosa la que cargó las tintas contra Enagás, acusándola de querer promover un monopolio, al operar seis de las siete plantas de gas natural licuado en España. Según denunciaban los trabajadores, la cotizada habría solicitado la apertura de un nuevo período de información pública, así como la elaboración de un estudio que tuviese en cuenta la aceptación social del proyecto de Reganosa en la ría (desde hace años, la firma cuenta con plataformas vecinales y ambientales en contra).

Tras la denuncia pública de los trabajadores, en 2020, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) anunció la apertura de una investigación para conocer si Enagás había llevado a cabo prácticas ilegales para reducir la actividad de Reganosa. Ninguna de las dos compañías hizo nunca declaraciones al respecto de este procedimiento.

El hidrógeno trajo la paz

La paz entre Reganosa y Enagás llega precisamente cuando se abre un nuevo horizonte marcado por el hidrógeno. En la década pasada, la cotizada (ahora participada en un 5% por Amancio Ortega a través de Pontegadea) también trató de anular en los juzgados la concesión para que la firma gallega pudiese ejercer como gestor de la red de transporte de gas (y ser, por tanto, su competencia).

Ahora, curiosamente, Reganosa abandona el negocio de transporte, pero lo hace debido a que vende su red de gasoductos a su antigua denunciante por 54 millones de euros. Grosso modo, con este movimiento, cierra una puerta para abrir otras muchas, ya que la regulación establece una serie de incompatibilidades de los transportistas de gas, TSO, por ejemplo, a la hora de realizar actividades de producción o comercialización, algo que podría darse en un futuro debido al proyecto de hidrógeno verde que desarrolla.