Récord de multas para los armadores ‘piratas’ gallegos: 24 millones en dos años
Empresas como Vidal Armadores han logrado esquivar a la justicia, pero no así al Ministerio de Agricultura y Pesca y sus expedientes sancionadores
Galicia está un poco más cerca de eliminar la mácula de la pesca ilegal. En los últimos años, las actuaciones de las autoridades españolas e internacionales han puesto cerco al entramado de sociedades a través de las que operan los armadores ‘piratas’ gallegos que, si bien han esquivado el golpe de la justicia, por la vía administrativa acumulan sanciones millonarias.
El Ministerio de Agricultura y Pesca anunciaba este miércoles la resolución del expediente iniciado a raíz de la denominada ‘Operación Sparrow II’ con una sanción de 5,3 millones de euros a las empresas Capensis Trade SL, World Ocean Fishing SL, Insuabela SL, Baymarten Inversions SL, Global Sea Trading SL y Lastiff SL, radicadas en las provincias de A Coruña y Pontevedra, por su vinculación con los buques Viking y Seabull 22, implicados en actividades de pesca ilegal e incluidos en la lista comunitaria de buques de pesca INDNR
Las últimas actuaciones han puesto cerco al entramado societario de la pesca ilegal en Galicia
Esta cantidad se suma a los 17,8 millones que el ministerio impuso de sanción en marzo de 2016 a nueve empresas y siete personas vinculadas al grupo ribeirense Vidal Armadores en el marco de la ‘Operación Sparrow”, llevada a cabo en marzo de 2015. En total, algo más de 23 millones de euros en sanciones que, junto con las penas de inhabilitación, que oscilan entre los cinco y los 23 años, asestan un duro golpe al entramado societario que maneja la pesca ilegal desde Galicia.
Por la vía judicial
Por esas mismas fechas, pero sin guardar relación con las operaciones ‘Sparrow’ y ‘Sparrow II’, la Guardia Civil y la Interpol entraron en escena con la detención del clan de los Vidal. Antonio Vidal Suárez, sus tres hijos (Manuel Antonio, Ángel y Belén), Francisco Rama y Joaquín Pérez acabaron entre rejas acusados de pesca ilegal de bacalao de profundidad y merluza negra antártica. Todos ellos salieron de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros cada uno, una cantidad ridícula si se tiene en cuanta que los beneficios calculados de la venta ilegal de esas especies pueden superar anualmente los 10 millones de euros, que se diluían después en un entramado de empresas.
Con la justicia, los Vidal parecen tener más fortuna que con el ministerio. El pasado mes de diciembre, la “mafia gallega” de Vidal Armadores, como la califica la asociación ecologista Sea Shepherd, evitó esquivar en los tribunales una condena por pesca ilegal. El Tribunal Supremo, alegó falta de jurisdicción y archivó la causa por un presunto delito vinculado con la pesca de austromerluza en aguas internacionales del Océano Antártico.
Sin embargo, hace apenas un mes, las organizaciones ecologistas Oceana y Greenpeace presentaron un incidente de nulidad contra el archivo para pedir ser escuchados. El alto tribunal lo ha admitido a trámite y, tras oir lo que tengan que contar los recurrentes, deberá determinar si mantiene el archivo o sigue adelante con la causa, lo que podría ser el enésimo quebradero de cabeza para la familia Vidal.
