Reclamación millonaria del Gobierno a Alcoa en plena recta final de las negociaciones por San Cibrao

En pasado junio, mientras se negociaba el futuro de Alcoa en San Cibrao, el Ministerio de Industria de Reyes Maroto inició el proceso para solicitar a la corporación aluminera el reembolso de unos 34 millones de euros por créditos de compensación de CO2 correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019. Así lo revela la multinacional en su última memoria trimestral recientemente remitida a la SEC, el equivalente americano a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La ‘amenaza’ de Maroto

Si bien y a preguntas de este medio, el Ministerio de Industria no ha hecho declaraciones al respecto de este procedimiento y su estado actual, la realidad es que la titular del departamento, Reyes Maroto, se refirió a esta posibilidad de reclamación en varias ocasiones durante el pasado año.

Precisamente, en junio de 2020, y a respuesta de una pregunta parlamentaria del BNG, la socialista indicó que el Ejecutivo había requerido a la empresa que justificase el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de empleo, “necesarios para poder recibir las ayudas por CO2”. “Estas ayudas están condicionadas a que la empresa mantenga los puestos de trabajo durante tres años, por lo tanto exigimos a Alcoa que justifique el cumplimiento de esos compromisos, y en su caso, le vamos a exigir las devoluciones de las ayudas”, explicó la dirigente política.

Recurso de Alcoa: no hubo ERE

Efectivamente, en su comunicación al regulador del mercado norteamericano, los de Pittsburgh indican que “la solicitud de devolución está relacionada con la comunicación de Alcoa sobre la decisión de implementar el proceso de despido colectivo y su potencial impacto en las operaciones y el empleo de San Cibrao”. No obstante, ese expediente fue tumbado por los tribunales, motivo por el que nunca llegó a llevarse a cabo.

Explica la compañía en el citado documento que, precisamente por ese tema, “discrepa de la posición del Ministerio”, ya que “no se concluyó el proceso de despido colectivo y se mantiene en funcionamiento el empleo en San Cibrao”. En consecuencia, prosigue, “la compañía ha presentado un recurso de apelación”. Añade también que, además, “no recibió créditos de compensación de CO2 ganados en 2020 debido a las mismas circunstancias”.

¿Un año más en San Cibrao?

Al margen de este proceso, Alcoa, ante la negativa del Gobierno a triangular la venta de San Cibrao a través de la SEPI, realizó una nueva propuesta al Ejecutivo la pasada semana. La multinacional se abre ahora a quedarse un año más en Lugo, comprometiéndose a no llevar a cabo ningún ajuste laboral en ese tiempo. Acabado el mismo, y una vez el Ejecutivo central active los mecanismos necesarios para aliviar la enorme factura energética de la planta, se compromete a vender de forma directa a un tercero que cuente con el plácet del Gobierno.

Y es que los americanos defienden que vender la factoría de San Cibrao sin el colchón público en estos momentos no es seguro, ya que la planta no es viable con la actual tarifa eléctrica. El barómetro semanal de la patronal de los grandes consumidores Aege, pronostica, a fecha 30 de julio, un precio de la energía a fin de año de 88,30 euros megavatios/hora. Estima también este indicador que en Francia se rondarán los 40,39 euros y en Alemania los 59,22 euros.

De momento, el comité de empresa rechaza esta posibilidad. Los representantes de los trabajadores se amparan en la existencia de cuatro grandes empresas interesadas para insistir en la necesidad de que la venta se cierre en septiembre.

«Evaluando posibles soluciones»

En el mismo documento remitido al regulador del mercado americano, Alcoa indica que, tanto en enero, como en mayo y julio de este año, la compañía alcanzó “acuerdos con los representantes de los trabajadores para suspender temporalmente la huelga laboral en la refinería de alúmina y fundición de aluminio de San Cibrao”. “El acuerdo de julio de 2021 suspendió la huelga hasta el 2 de agosto. La compañía había estado involucrada activamente en un proceso de venta exclusivo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una entidad propiedad del Gobierno español”, expone. “Hasta la fecha, SEPI no ha confirmado su papel como potencial comprador de la fundición pero la compañía continúa evaluando posibles soluciones”, apuntaba al cierre del trimestre.

“Aunque actualmente se desconoce el resultado final, la reactivación de la huelga puede afectar negativamente los resultados operativos y financieros de la compañía debido a la reducción de la producción de refinerías y los envíos de metales”, advierte.