Rebelión de la moda contra el Gobierno de Sánchez

La moda se ha puesto en pie de guerra contra una serie de medidas puestas en marcha por el Gobierno ya en la primera fase de desescalada y que, a su juicio, golpean especialmente a un sector que prevé acabar el año con una caída acumulada de la facturación de hasta el 50%. El principal motivo que ha despertado las críticas públicas del sector apareció el pasado fin de semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Para evitar las aglomeraciones, el Ejecutivo prohíbe las rebajas en tiendas físicas.

La disposición adicional segunda de la orden SND/399/2020 de 9 de mayo donde el Gobierno detalla la flexibilización de restricciones ligadas a la aplicación de la fase 1 del plan de desescalada indica que «los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento como en sus inmediaciones«. No obstante, la citada orden del Ministerio de Industria y Comercio establece que la restricción no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco en oferta o promoción que se realicen a través de la página web.

Veto polémico

La normativa cayó como un jarro de agua fría sobre las empresas del sector. Acotex, la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel, sostiene que la disposición es todo un mazazo para el pequeño comercio, que no tiene capacidad para poder colocar su stock mediante la venta online. El presidente de la patronal textil, Eduardo Zamácola, explica a este medio que, además, la orden les ha cogido totalmente desprevenidos. «El veto nos ha sorprendido de una manera increíble, ya que no hemos sido preguntados a este respecto sobre las rebajas, que están liberalizadas desde 2012«, explica. «Hemos hecho una consulta al Ministerio de Sanidad para que se nos explique, exactamente, cómo interpretar esta disposición. De forma oficiosa lo que nos dicen es que su único interés es el de evitar las aglomeraciones, por lo que si se respetan las medidas de seguridad y aforo, las promociones se podrían llevar a cabo, pero necesitamos que eso se aclare», expone.

El veto a las rebajas genera distintas posiciones y es que, entre el pequeño comercio también hay quien, directamente, pide que el Gobierno regule para evitar que los descuentos se lleven a cabo hasta, al menos, el 15 de agosto. Esta es, por ejemplo, la postura de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que ha pedido que se prohíban también las promociones online, de forma que los saldos de la campaña primavera verano se aplazen en el tiempo para dar oxígeno a las tiendas de proximidad.

¿Por qué no acotar el espacio de las tiendas?

Pero, la de las rebajas no es la única polémica que el sector textil mantiene en este momento con el Ejecutivo. Hasta llegada la fase II de desescalada, no será posible abrir las tiendas de más de 400 metros cuadrados. Esta situación tampoco ha sido bien acogida por determinadas empresas, que no entienden por qué el Ejecutivo no permite –del mismo modo que, por ejemplo, Alemania– que los establecimientos puedan acotar su espacio. «Hemos preguntado qué pasa con una tienda que, por ejemplo, tiene 500 metros cuadrados de superficie contando con almacenes. Nos han indicado que pueden abrir si el espacio comercial no sobrepasa los 400 metros, pero, sin embargo, no se contempla la posibilidad de poder limitar un establecimiento«, dice Zamácola.

Los alquileres de los centros comerciales, en el punto de mira

A esto hay que sumarle la crisis de los alquileres. Hasta 103 empresas del sector, entre las que se encuentran gigantes como Mango, Desigual, Bimba y Lola, Textil Lonia y Adolfo Domínguez, han solicitado al Gobierno que actúe de manera urgente para favorecer acuerdos “en igualdad” entre arrendadores y arrendatarios y evitar, de esta forma, “el cierre masivo de establecimientos”. Las marcas impulsoras de la iniciativa piden poder contar con la opción de dejar sin efecto sus actuales contratos ya que, en la mayoría de los casos, los grandes arrendadores cuentan con cláusulas de indemnización y plazos de obligado cumplimiento que «resultan imposibles de salvar» en la actual situación de estado de alarma.

«El principal problema, en este caso, radica con los centros comerciales, que tienen unas cláusulas de obligado cumplimiento mas duras y que, en este momento y dadas las condiciones del estado de alarma, deberían quedar sin efecto», indican fuentes empresariales, que apuntan a que otros países sí regularon estos arrendamientos al inicio de la pandemia. Ponen el ejemplo de Portugal, donde el Gobierno promulgó que mientras durase el estado de emergencia debido al Covid-19, los contratos de arrendamientos no relacionados con la vivenda para establecimientos cerrados no se pueden deshacer ni rescindir.

Creditos ICO

«La moratoria en los pagos no es solución, ya que el sector no se va a recuperar en los próximos meses. Lo mismo ocurre con los créditos ICO, que también hay que devolver. No necesitamos agrandar la deuda, pedimos que se nos libere de determinadas cargas», opinan desde Acotex, en donde recuerda que el sector es uno de los que genera mayor cantidad de contratación femenina así como empleados con menor especialización, más complicados de absorber por el mercado.

Normas de higienización

Las tiendas de ropa también apuntan a que el Gobierno debe tener en cuenta que se les están pidiendo «unas medidas más estrictas que a otros sectores», por ejemplo, en lo que tiene que ver con la higienización de prendas. La normativa del BOE refleja que “en caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, el titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada antes de que sea facilitada a otros clientes”. Además del proceso de limpieza, las prendas deben reposar 48 horas antes de poder volver a ser puestas a la venta lo que, de nuevo, indican, impacta especialmente en las pequeñas tiendas.