Rajoy sí trabaja para el cementerio nuclear de Cuenca

El Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy se ha escudado en la situación de interinidad para no someterse a sesión de control alguna en el Congreso de los Diputados. Ni él ni sus ministros. El Ejecutivo alega que no tiene sentido que acudan a una Cámara que no les ha otorgado la confianza para gobernar.

No obstante, la inacción política no se extiende a todos los niveles de la Administración. En este sentido, llama la atención la actividad que sigue realizando la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), presidida por Juan José Zaballa desde febrero de 2015, cuando sustituyó en el cargo al cesado Francisco Gil-Ortega.

El contrato mollar sigue pendiente

Uno de los motivos por los que fue cesado Gil-Ortega –político del PP muy vinculado a María Dolores de Cospedal, diputada y expresidenta de Castilla-La Mancha–se relacionaba con su empecinamiento en adjudicar, como fuera y antes de las elecciones generales del pasado 20D, la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), el conocido como cementerio nuclear, en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Desde entonces, el contrato mollar –el de la construcción propiamente dicha de la instalación principal del siglo nuclear, por más de 200 millones de euros– sigue sin adjudicarse, pero Enresa, ya bajo la presidencia de Zaballa, ha seguido tramitando y cerrando varios expedientes.

Derroche de dinero público y marrullerías

A algunos se les escapa la razón de esta salida de dinero público para un proyecto que, en la práctica, se encuentra paralizado. «No entendemos cómo se está derrochando el dinero público en el ATC ni que un gobierno en funciones intente sacar, con todo tipo de marrullerías, un cementerio nuclear paralizado por ley», señala María Andrés, ganadera de la zona y portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca.

El proyecto sigue sin contar con la autorización de emplazamiento y construcción por parte del Ministerio de Industria, tras el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ni con la Declaración de Impacto Ambiental que debe evacuar el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ni tampoco con la adecuación a las nuevas normas urbanísticas por parte de la Consejería de Fomento, al quedar anulado el plan de urbanismo por parte del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por el socialista Emiliano García-Page.

Nuevos contratos

A pesar de ello, las adjudicaciones, por parte de Enresa, se han reactivado en las últimas semanas, con trabajos previos que, en contra de toda lógica, dan la sensación de que el cementerio estuviera en la recta final para su puesta en funcionamiento. Así, en enero fueron tres los contratos cerrados.

Uno, por casi 50.000 euros, para que la empresa Intopcar lleve a cabo el servicio de monitorización de la red topográfica de precisión del emplazamiento del ATC. Otro, por casi 47.000 euros, por el que Suministros Garrido aporte bombas de muestreo de aire para el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental.

Y un tercero, de casi 22.000 euros, para que la UTE formada por las empresas Vigilancia Medioambiental y Proyectos y Explotaciones Vicor redacten un estudio para cumplir con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Se da la circunstancia de que todos estos contratos menores fueron adjudicados días antes de la fecha fijada para el inicio de la licitación. 

Nuevos sondeos por 1,35 millones

Ya en marzo, Enresa también ha otorgado, de manera directa, casi 350.000 euros a las empresas Eptisa, AGS y Sondeos Peñarroya, como complemento al contrato adjudicado en octubre de 2015, por algo más de un millón de euros, para llevar a cabo nuevos sondeos sobre los terrenos donde está previsto levantar el silo nuclear. 

Y la semana pasada, la Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales (Aitemin), un centro tecnológico de carácter privado y sin ánimo de lucro, resultaba adjudicataria de otro contrato, por 48.000 euros, para realizar el servicio de explotación del control piezométrico en el ATC, para determinar las masas de agua subterránea de los suelos.

Confidencialidad de informes contrarios al emplazamiento

Cuatro años después de que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy decidiera que Villar de Cañas fuera elegido como emplazamiento del cementerio nuclear, Enresa, directamente o mediante convenio con otras instituciones 410 millones de euros, ha adjudicado expedientes por casi 80 millones de euros.

Coincidiendo con los últimos contratos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –organismo presidido por Esther Arizmendi y adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas– ha atendido una petición de la asociación Transparencia Internacional para que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) levante la confidencialidad sobre los informes de la consultora URS, que consideraba inadecuados los suelos donde el Gobierno pretende levantar el silo nuclear.