Rajoy pasa la ‘patata caliente’ del cementerio nuclear al próximo gobierno

Se acaba la legislatura y lo hará finalmente sin que el Gobierno de Mariano Rajoy haya sido capaz de sacar adelante la construcción del cementerio nuclear, el Almacén Temporal Centralizado (ATC), cuya decisión de ubicarlo en la localidad conquense de Villar de Cañas fue lo primero que hizo el Ejecutivo en el primer Consejo de Ministros celebrado en diciembre de 2011.

Durante estos cuatro años el tira y afloja entre el Ministerio de Industria y María Dolores de Cospedal –al frente de la Junta de Castilla-La Mancha hasta el pasado mes de junio y principal valedora de que el emplazamiento elegido fuera el municipio conquense–, por un lado,  y las plataformas ecologistas y vecinales de la zona, por otro, ha sido continuo.

Declaraciones y maniobras, en saco roto

Al final, a pesar de las mil y una declaraciones de los responsables del Ministerio de Industria, insistiendo en que la licencia para construir el cementerio estaría para antes de acabar 2015, y de las maniobras de Cospedal hasta el último segundo de su mandato, no han servido para nada.

Las últimas declaraciones del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, durante una comparecencia en el Congreso la semana pasada, en el sentido de que el Gobierno iba a hacer uso de todos los medios legales para lograr ‘in extremis’ el permiso, tampoco parece que vayan a tener mucho recorrido.

Dos años sin plan de residuos

«No van a hacer nada. Se van a pasar la pelota como lo llevan haciendo desde el año 2006», apunta María Andrés, portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear y vecina de Villares del Saz, localidad colindante con Villar de Cañas. El ATC se incluyó en el VI Plan General de Residuos Radiactivos en el año 2006, un plan que lleva dos años pendiente de ser renovado.

Y el tiempo para el Gobierno se acaba. En dos semanas, Rajoy debe convocar las elecciones generales para que se celebren el próximo 20 de diciembre, y el Ejecutivo entrará en funciones, un periodo de interinidad en el que no es probable que se fuerce la máquina en sacar adelante algo de tanta trascendencia cuando ha sido incapaz de hacerlo en toda la legislatura.

CSN, informe favorable con algún pero

Desde que el pasado 27 de julio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordara informar favorablemente y remitir a Industria el informe preceptivo y vinculante, con límites y condiciones, asociado al proceso de autorización previa del ATC, el Gobierno no ha movido un dedo y toda apunta a que no lo hará. El siguiente paso lo debería dar el departamento dirigido por José Manuel Soria, otorgando la correspondiente autorización administrativa.

No obstante, el CSN se cubría en salud dejando entrever el problema de fondo que existe con la idoneidad de los terrenos para construir el silo, el auténtico motivo por el que todo se ha ido retrasando. «las características del emplazamiento (principalmente en relación con aspectos geológico-geotécnico, hidrogeológico y de estabilidad del terreno) condicionan el diseño del ATC y los fenómenos asociados a las características del terreno recomiendan complementar la seguridad intrínseca del diseño», señala el CSN en su informe.

Cambio en el Gobierno de Castilla-La Mancha

El cambio en el gobierno regional, con la salida de la popular María Dolores de Cospedal para dejar la presidencia de Castilla-La Mancha en manos de Emiliano García-Page, tampoco ha ayudado al Gobierno central. Todo lo contrario, lo primero que hizo el nuevo Ejecutivo, contrario al cementerio, fue modificar la calificación del terreno para declararlo como espacio protegido.

A lo largo de 2015, cuando ya el Gobierno veía que el tema iba a resultar complicado de sacar adelante, el ATC ha estado en el foco permanente de la polémica. Todo ha sido un reguero de despropósitos.

Dimisión forzada

En febrero, el Gobierno tuvo que forzar la dimisión de Francisco Gil-Ortega como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) –uno de los hombres de confianza de Cospedal–, por su afán en adjudicar la construcción del cementerio por casi 300 millones de euros, sin saber si, ante las dudas surgidas sobre la idoneidad de los terrenos, el proyecto saldría adelante.

El mismo día en que el Gobierno cesaba a Francisco Gil-Ortega, la empresa pública tramitaba un contrato de 1,4 millones para cumplir con lo demandado por el Consejo de Seguridad Nuclear, con la elaboración de un informe que determinara si los terrenos o no suficientemente seguros como para construir sobre ellos unos depósitos destinados a recoger 7.000 toneladas de basura radiactiva. Un informe que no estaría listo hasta 2016.

En marzo, el ministro de Industria obviaba en el Congreso todo lo que estaba sucediendo para tirar de optimismo y mostrar su esperanza en que «la concesión de la autorización previa esté a finales del primer semestre, y que se autoricen las obras del almacén antes de que acabe 2015».