R y Euskaltel cargan ante Competencia contra Telefónica, Orange y Vodafone

El mercado de las telecomunicaciones se prepara para su completa liberalización. Es el camino que ha trazado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que primero a través de un análisis de mercado anunciado en el BOE del pasado 7 de julio, y ahora a través de una resolución, publicada el 16 de febrero, ha concluído que el sector en España está en una dinámica competitiva y que procede desregularlo.

La liberalización favorece a los tres operadores dominantes, Telefónica, Orange y Vodafone, que actualmente tienen la obligación de poner a disposición de terceros el acceso a la red móvil cobrando «precios razonables» por la prestación del servicio. R, por ejemplo, ha desplegado su propia red fija en Galicia, tarea a la que ha destinado el grueso de sus inversiones, pero necesita de un alojador para el acceso móvil, que actualmente es Orange. Es, por tanto, una pieza clave de su negocio, si se tiene en cuenta que el mercado opera cada vez más con productos convergentes, paquetes de fijo móvil.

Sin embargo, en su resolución de este febrero, Competencia da por finiquitadas estas obligaciones al entender que el mercado es ya suficientemente competitivo y que los propios mecanismos del supervisor contra las prácticas anticompetetivias son suficientes para resolver los conflictos que puedan surgir.

Los argumentos de Compentencia

Aunque el supervisor admite que el acceso a los servicios de red móvil es restringido, al copar Orange, Vodafone y Telefónica la mayoría de concesiones en el espectro radioeléctrico, argumenta que el mercado ofrece lo necesario para que un operador sin red pueda prestar los servicios minoristas de telefonía móvil. Y que además lo hace con éxito, si se tiene en cuenta que hay una treintena de operadores y que Vodafone y Telefónica han perdido importantes cuotas de mercado. Para reforzar la idea de un entorno competitivo, alega Competencia, se suma Yoigo, un cuarto actor con red propia, ahora integrado en MasMóvil.

«Dada la existencia de una situación de competencia efectiva, cabe proceder a la supresión de las obligaciones previamente impuestas a Telefónica, Vodafone y Orange (…) Se estima que un periodo de seis meses es un plazo de tiempo suficiente para llevar a cabo la transición al nuevo marco, donde los futuros acuerdos mayoristas de acceso deberán negociarse en condiciones comerciales», concluye Competencia.

Aluvión de alegaciones

Para llegar a esta determinación, el supervisor tuvo que rebatir un aluvión de alegaciones que llegaron de prácticamente todos los operadores del sector y que desvelan la tensa relación que mantienen las compañías más pequeñas con los tres actores dominantes. Euskaltel presentó un buen número de ellas de manera conjunta con R, que asumió integramente los argumentos de su nuevo propietario.

Algunos tan llamativos como «la existencia de precedentes recientes particularmente graves, que pondrían de manifiesto la elevada probabilidad de que Telefónica, Orange y Vodafone lleven a cabo conductas de carácter anticompetitivo en el futuro» y «el riesgo real de expulsión de los nuevos entrantes del mercado en caso de que la intervención administrativa no resulte eficaz» o se demore demasiado en el tiempo.

Además de la alusión a la multa de 120 millones que impuso la extinta Comisión Nacional de Competencia a Orange, Vodafone y Telefónica por abuso de posición en los mensajes SMS en 2012, el temor de los operadores es la larga tramitación de los expedientes abiertos por el supervisor en caso de prácticas irregulares, pues el daño sería difícilmente reparable en un negocio en el que se compite con precios y en el que se manejan estrechos márgenes.

Tensiones en el 4G

Euskaltel, junto a otras seis empresas, denuncian la dilación en la provisión de acceso a la tecnología y red 4G por parte de los «OMR tradicionales» (Telefónica, Orange y Vodafone) y alegan que «es necesaria la intervención del regulador para poder tratar este tipo de problemas».

A este respecto, «Euskaltel no entiende por qué van a estar interesados en prestar acceso a terceros en un contexto de ausencia de regulación ex ante cuando, en presencia de dicha regulación, estos mismos OMR habrían demostrado su falta de incentivos en garantizar el acceso», dice el informe.

Proceso de concentración

Tienen más argumentos Euskaltel y R contra la liberalización. Uno de ellos, casi obvio. Sostienen que la competencia actual, con la entrada de nuevos actores que han logrado bajar los precios, se produjo con la regulación ex ante y ha sido posible gracias a ella. «Por tanto, la retirada de esta regulación no garantizaría el mantenimiento de una competencia sostenible».

Además, ponen en duda que los operadores virtuales puedan seguir ganando cuota de mercado con la ausencia de esta regulación. En este sentido, apunta a la «incertidumbre» derivada de las operaciones de concentración en el sector. Y es que la de R, integrada en la compañía vasca, no fue la única del sector, donde también se produjo la compra de Yoigo por parte de MasMóvil, de Jazztel por parte de Orange o de Ono por parte de Vodafone.

Euskaltel se pregunta «cómo se puede afirmar que la evolución esperada del mercado sea hacia una mayor competencia de forma sostenida, dada por ejemplo la incertidumbre sobre la evolución a corto plazo de MasMóvil».

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