R destapa una estafa urdida entre empleados y subcontratas
La trama denunciada por la operadora R en los juzgados de A Coruña afecta a tres extrabajadores y dos empresas proveedoras
Una presunta trama urdida por tres empleados de R que ahora están lejos de la operadora y al menos dos empresas subcontratistas, Berdía Telecomunicaciones y Telecomunicaciones Digitales Noroeste SL (Tedinor), ha acabado en el Juzgado de Instrucción Número 7 de A Coruña, que tramita diligencias previas de procedimiento abreviado a partir de la denuncia penal presentada por la operadora. El despido de al menos uno de los tres trabajadores también ha llegado a la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha desestimado la improcedencia y ha dado la razón a R.
Ambos procesos permiten reconstruir unos hechos que se remontan a mediados de 2016. Lo deja claro el fallo a un recurso de apelación presentado por R en la Audiencia Provincial de A Coruña, que data del pasado mes de junio, contra determinadas pruebas que pedía la defensa de uno de los acusados. El procedimiento penal que sigue el juzgado se refiere a «una presunta trama en la que participaron, siempre según la denuncia, tres empleados de la empresa R Cable y dos empresas proveedoras de esta entidad, con la finalidad de engañar a ésta, y obtener así un beneficio económico mediante la creación de órdenes de trabajo falsas».
Facturas a R por trabajos inexistentes
Por lo tanto, dice la Audiencia Provincial para dar la razón al recurso de R en contra del criterio de la titular del Juzgado de Instrucción número 7, «la investigación debe ceñirse en exclusiva a averiguar si se falsificaron o no las órdenes de trabajo que indica la denunciante, si se facturaron y, en su caso si se pagaron, o no, servicios inexistentes utilizando para ello engaño, y si participaron o no los investigados y de qué manera». Y es que uno de los acusados llegó a solicitar que se requiriese oficialmente a Deloitte, Euskaltel, Abanca, R y al ex consejero delegado, Arturo Dopico, para reclamar la due diligence de negocio del año 2015 como prueba.
La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra el recurso presentado por uno de los trabajadores despedidos e implicados en la trama es todavía más elocuente. Según los hechos probados recogidos en la sentencia de primera instancia, a mediados de 2016 el demandante, «en connivencia con otros trabajadores de la mercantil R Cable vinieron generando distintas órdenes de trabajo (OTs) que no respondían a trabajos efectivamente realizados, asociadas las mismas a dos empresas instaladoras (Tedinor SLU y Berdía Telecomunicaciones)».
Así se repartían el dinero
La sentencia del juzgado considera que «dichos trabajos eran facturados a R Cable y el importe de dichas facturas revertía en el demandante y en las personas que con él colaboraban». Así, un 30% de dicho importe se lo quedaba uno de los trabajadores; otro 30% correspondía a la empresa instaladora; y el 40% restante se repartía entre los otros dos empleados de R, según la sentencia. Esos son los hechos que, en diligencias previas, sigue por la vía penal el Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña.
En el proceso judicial se llegó a presentar un informe pericial por encargo que firmaba la empresa Incide, especialista en análisis forensic, seguridad interna y ciberseguridad empresarial. Incide detectó la existencia de órdenes de trabajo manuales «sospechosas» entre los acusados y las empresas. De acuerdo con los hechos probados de la sentencia, el gerente de una de las empresas, Tedinor, llegó a reconocer dicha operativa en una entrevista mantenida en junio de 2016 con el gerente de compras de R. Economía Digital solicitó a R su valoración sobre el caso sin obtener respuesta.
