¿Quién es el nuevo dueño de la mina de San Finx?

El 20 de julio la australiana Pivotal Metals (anteriormente Rafaella Resources) anunció la venta de los derechos de la mina de San Finx, una explotación de wolframio que intentaron reactivar primero Incremento Grupo Inversor y después Sacyr, ambos sin éxito. Propietaria también de los derechos sobre el yacimiento de Varilongo, en Santa Comba, Pivotal justificó la operación, avanzada por este medio, para centrarse en su portafolio canadiense, «que ofrece un potencial excepcional para los accionistas», por lo que prefirió «una salida limpia de San Finx» como mejor solución.

El juzgado de instrucción de Noia (A Coruña) abrió diligencias penales el pasado mes de mayo contra la filial de la empresa australiana, Tungsten San Finx, y contra sus administradores por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales tras haber efectuado supuestos vertidos ilegales. La venta se acordó, según Pivotal Metals, por un pago inicial de 150.000 euros y unos royalties sobre las ventas del 3%, en caso de que el yacimiento acabe explotándose. La compradora es Metais Estratéxicos, una sociedad creada recientemente en Madrid.

La cofradía de Noia, integrada en una plataforma movilizada contra los vertidos de la mina y preocupada por su impacto en el marisqueo de la ría, consideró la venta un intento de «deshacerse de responsabilidades» por parte de los antiguos dueños australianos ante los «daños multimillonarios» que provocaría la liberación de aguas contaminadas sobre la ría; advirtió que ampliará la causa penal para incluir a los nuevos administradores de la mina; y puso en duda la realidad de la venta.

A su juicio, lo que se está conformando en torno al yacimiento es una «trama opaca» con una nueva empresa matiz constituida hace solo dos meses por un despacho dedicado a la venta urgente de sociedades limitadas con el capital social mínimo.

Un geólogo peruano desembarca en San Finx

Al menos en esto último, tiene razón. Metais Estratéxicos, a pesar de contar con una denominación en gallego, está domiciliada en Madrid y se constituyó en mayo de este año con 3.600 euros de capital social. La sociedad se llamó inicialmente Global Omago y la creó el despacho Latorre y Asociados, especializado en el asesoramiento y consultoría empresarial.

La empresa cambió a su denominación actual a lo largo de julio, coincidiendo con la venta al geólogo peruano Álvaro Fernández Baca, actualmente el socio único y administrador de Metais Estratéxicos, por tanto, propietario también de los derechos sobre la mina de San Finx. Fernández Baca fue vicepresidente de Exploración de Tinka Resources, una minera australiana titular del proyecto peruano Ayawilca para la extracción de zinc y plata a 200 kilómetros al noreste de Lima, en la región de Pasco; también trabajó como responsable de exploración para la británica Hostchild Mining, con varios yacimientos en Perú; y para la canadiense AQM Cooper.

Según su perfil de Linkedin, en los últimos años ha colaborado como consultor de exploración con la minera australiana Altamin Limited. El perfil de la red social también destaca que presta servicios de consultoría de exploración en España y en toda Europa para las empresas que cotizan en Toronto y Sídney y que operan en el continente

Una mina judicializada

Además del procedimiento abierto en el juzgado de Noia, la explotación de San Finx ha estado en los últimos años rodeado de denuncias y procesos judiciales que todavía siguen abiertos. El juzgado de instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar a Ángel Bernardo Tahoces, exdirector xeral de Minas de Galicia, en calidad de investigado por un supuesto de delito de falsedad en documento público. Junto a él también desfilarán por los juzgados el jefe de servicio de energía y minas en A Coruña y uno de los funcionarios del mismo departamento.

La Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña, por su parte, ha decretado la apertura de diligencias de investigación contra la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, y otros cargos de su departamento tras la denuncia de las cofradías de pescadores de Noia y Portosín. En ella se acusaba al departamento de la Xunta de haber concedido la autorización de vertidos a la minera de «modo irregular» y de haber omitido tanto el control y sanción de vertidos ya existentes así como «la obligación de cobrar a la empresa minera el canon del control de vertidos, lo que asciende a más de 30 millones de euros».