Querellas, amenazas de huelga… Así acabaron los intentos de venta de Isidro de la Cal, Sanbrandán y El Correo Gallego
El empresario Carlos García Martín sostiene que se querelló contra el dueño de Isidro de la Cal y que está personado en el concurso como acreedor por cerca de 4 millones de euros, aunque no pagó nada
Tres intentos de comprar empresas emblemáticas de Galicia que quedaron en nada. O casi nada. La negociación de Carlos García Martín y su socio, Carlos Orozco, para adquirir la quebrada Isidro 1952, la antigua Isidro de la Cal, culminó con una querella contra el que era su dueño, Pablo García Gascó. Así lo aseguró el empresario este miércoles, en una rueda de prensa para contar su versión respecto a los tres intentos de compra, así como para defender su imagen ante la investigación por un presunto delito de estafa a dos empresarios lucenses.
García Martín asegura que alcanzó un acuerdo con el dueño de Isidro 1952, cuya planta de Cambre adquirió recientemente Profand en el proceso de liquidación, para comprar la empresa por un euro, el mismo importe que había pagado García Gascó al anterior propietario, José Bretón Fernández.
El grupo coruñés arrastraba ya entonces problemas financieros y acometió una fuerte reestructuración enfocando su negocio a la venta de platos elaborados y sushi, llegando a acuerdos con clientes importantes como Lidl. Sin embargo, la caída de pedidos y la deuda arrastrada llevaron a la empresa al concurso.
García Martín asegura que llegó a firmar un “documento de compraventa” para quedarse con Isidro 1952, la denominación que adquirió en la nueva etapa con García Gascó al frente, pero que en el proceso de due diligence detectó “cosas que no acababan de cuadrar”. Alude el empresario a “sociedades satélite” y a operaciones entre empresas con el mismo consejo de administración, que podrían apuntar a la descapitalización de unas para favorecer a otras y a una “quiebra fraudulenta”. “Unas anomalías impensables que nos ponen alerta”, aseguró.
Isidro de la Cal cierra la puerta a García Martín
Cuando piden explicaciones, siempre según su relato, se les prohíbe la entrada en las instalaciones del Polígono de Espíritu Santo. “Presentamos una querella contra ellos que fue tramitada ante el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña. No se sabe todavía si será admitida a trámite o no, pero les puedo decir que pedimos penas de prisión de 6 a 24 años”, afirmó García Martín, quien deslizó que pudo tratarse de una quiebra voluntaria.
El empresario coruñés reconoce que pidió la personación en el concurso de Isidro 1952 y que le fue reconocida como acreedor por 4 millones, aunque no aportaron dinero alguno, según dice. Lo explica por una fórmula contable que se correspondería con la potencial cuantía indemnizatoria a la que tendrían derecho en virtud del contrato de compraventa.
Ipasa y una amenaza de huelga en Sanbrandán
La operación de Ipasa, desvelada en su momento por este medio, no derivó en tanta beligerancia. Al menos, por parte de los empresarios. García Martín asegura que guarda muy buena relación con el propietario y los directivos de los hornos Sanbrandán, pero que el traspaso se frustró al trascender a los medios y provocar la movilización de la plantilla de la cadena de panaderías.
Se trataba de una compra rápida que no tenía más objeto que obtener una plusvalía revendiendo la empresa a Europastry, los dueños de Ingapán que, según García Martín, tenían interés en hacerse con Sanbrandán y con los que se reunió en Barcelona. Eso sí, querían solamente las unidades de producción y no las tiendas. Al hacerse público el acuerdo para la venta, según asegura el empresario, los trabajadores amenazaron con una huelga indefinida si se ejecutaba, por lo que decidieron parar la operación.
El Correo Gallego: ¿frenó la Xunta la venta?
Como con Ipasa, también defiende García Martín su buena relación con José Manuel Rey Novoa, director de El Correo Gallego, con quien negoció la venta de Editorial Compostela. No solo con él sino con toda la plantilla, que en número próximo a la veintena, dice, le mostraron su apoyo en los momentos difíciles que derivaron de su detención e imputación.
Con Editorial Compostela llegó incluso a “escriturar la compra”, pero obligaciones previas que limitaban el cambio accionarial en la empresa impidieron que se acabara ejecutando la operación. “A pesar de que nuestro plan de digitalización del medio gustó mucho a la empresa”, lamentó García Martín.
Según explicó, estas “obligaciones” que frenaron la venta no venían de otros acreedores ni empresarios, sino de “instituciones”, en aparente alusión a Xesgalicia, la gestora de fondos de capital riesgo de la Xunta y uno de los principales financiadores de Editorial Compostela.