Puentes y un socio de la mina de Touro reclaman 11 millones a Audasa por las obras de la AP-9

Los números de la concesionaria de la AP-9 suelen estar rodeados de compensaciones, reclamaciones y procedimientos judiciales o administrativos vinculados a ellas, debido a la naturaleza de su contrato de concesión y a los amplios compromisos que adquirió el Gobierno para que le salga rentable. Que el Ejecutivo tenga responsabilidades respecto al devenir de la explotación, por ejemplo a la hora de cubrir los gastos asumidos por Audasa en las obras, no significa que siempre esté de acuerdo en la cuantía a pagarle a la empresa, por lo que con cierta frecuencia es necesario resolver discrepancias.

En el ejercicio cerrado el pasado diciembre, Audasa logró 50,7 millones de beneficio, a pesar de no recuperar todavía el tráfico previo al Covid, y sumó a la lista otro par de nuevas reclamaciones. En una de ellas, lejos de lo que es habitual, ni ejerce como reclamante ni está el Estado involucrado en el asunto, al menos en primera instancia.

Son dos constructoras gallegas, Puentes y Calzadas y Francisco Gómez y Cia, las que emprenden la vía judicial para exigir a la filial del grupo Itínere 10,94 millones. Según admite Audasa en su memoria de ejercicio, el procedimiento «se sustancia ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de A Coruña» y está relacionado con las «obras de reforma para ampliar la capacidad de la AP-9 tramo Santiago Norte- Santiago Sur». El tramo fue inaugurado por Mariano Rajoy, que poco después inauguraría también la ampliación del puente de Rande.

El contrato para esta actuación, que financió la propia Audasa mediante la emisión de bonos a cambio de compensaciones a través de subidas de peaje, se adjudicó en diciembre de 2014 a UTE Compostela, conformada en un 70% por Puentes y en un 30% por Francisco Gómez y Cia. El presupuesto de licitación fue de 84,6 millones y la oferta final de las constructoras ganadoras ascendió a 53,5 millones más IVA.

Puentes es la tercera mayor constructora gallega y participó también en la ampliación del puente de Rande, aliada en aquel caso con ACS. En 2019, el grupo cambió de manos para quedar bajo el control de China Road and Bridge Corporation, filial de China Communications Construction Company. Francisco Gómez y Cia, de menor tamaño, pertenece al grupo familiar que integra a Explotaciones Gallegas, uno de los dos socios que quiere reabrir la mina de Touro. Tiene una facturación anual próxima a los 20 millones, al menos en los ejercicios 2020 y 2019.

Compensaciones por el Covid

La memoria de ejercicio de Audasa desvela también un segundo procedimiento para reclamar compensaciones al Estado por el impacto del Covid y las restricciones en su actividad. «La sociedad ha interpuesto demanda contencioso-administrativa solicitando el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato de concesión», señala la concesionaria, que cursó la reclamación el pasado ocho de febrero.

La empresa, que no detalla la cuantía, cerró 2021 con 50 millones de beneficio pero también con un tráfico inferior, en aproximadamente 2.000 vehículos diarios, al que tenía en 2019, antes de la pandemia. Los ingresos tampoco alcanzaron cifras previas al Covid: fueron 153,4 millones en 2019; 127,9 millones en 2020; y 150,3 millones el año pasado.

Audasa justifica el contencioso por «la aparición de circunstancias imprevisibles y extraordinarias» y por la adopción de «las distintas administraciones, de medidas que han imposibilitado la ejecución del contrato de concesión en los términos previstos, toda vez que la sociedad concesionaria ha mantenido su plena actividad por tratarse de una infraestructura crítica de transporte».