Privatización encubierta de la sanidad pública madrileña

La forzada marcha atrás de la Comunidad de Madrid en su intento de privatizar la gestión sanitaria de seis hospitales públicos –la del resto de servicios ya lo estaba– ha dejado una sensación un tanto agridulce entre los profesionales sanitarios.

De satisfacción por haber logrado frenar el proceso, pero también de una cierta incertidumbre porque, a la vista de los datos, la victoria lograda en los tribunales no supone, ni mucho menos, un espaldarazo para el futuro de la sanidad pública.

Sin resolución administrativa

Logro jurídico que todavía no ha tenido su refrendo oficial. Tres meses después de que el presidente regional, Ignacio González, anunciara dejar sin efecto el proceso privatizador y aceptara la dimisión del consejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty, sigue sin publicarse, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la resolución administrativa que anule la del 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.

Mero trámite para que definitivamente se revoquen de manera formal las concesiones otorgadas a HIMA San Pablo, Ribera Salud y Sanitas, las tres empresas adjudicatarias que ya han pactado con la Consejería de Sanidad no ir a los tribunales y conformarse con recuperar las fianzas y el pago de algunos gastos, ya que los contratos no llegaron a firmarse al dictar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión cautelar del procedimiento.

Privatización, tarde o temprano

Pero más allá de estas cuestiones, la gran pregunta que se hacen los profesionales de la sanidad pública madrileña es si la victoria en esta batalla va a servir para algo más. Y aquí, no son pocas las voces que siguen pensando –ahí está de nuevo en las calles el movimiento de la Marea Blanca— que la privatización es un proceso que no se va a parar, que tarde o temprano se volverá a retomar.

Los ejemplos de los hospitales de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles –de gestión privada por concesión desde su apertura–, la Fundación Jiménez Díaz o la externalización general de servicios como el centro de transfusiones, la lavandería, el call center de las citaciones y las derivaciones, sirven como referencia para ver en qué situación se encuentra el proceso.

Derivaciones

El tema de las derivaciones es, sin duda, el que más polémica levanta. Y en este asunto, como en tantos otros, lo mejor es que sean los datos los que den una idea certera de cómo están las cosas. Pero los datos de manera global, no parcialmente computados.

Cogiendo los que ofrece la propia Consejería, el departamento ahora dirigido por Javier Rodríguez –el sustituto de Fernández-Lasquetty– se llega a la conclusión de que en 2013 aumentaron las cirugías realizadas en los centros públicos y disminuyeron las derivaciones realizadas a establecimientos concertados. Y es verdad.

Más cirugías de gestión privada

Pero si se hace la diferenciación en los hospitales de titularidad pública, entre los que mantienen la gestión pública y esos cuatro que tienen otorgada la gestión privada por concesión, se llega a la conclusión de que la derivación se incrementó un 12% en 2013. Mientras que el número de cirugías realizadas en los hospitales de gestión pública se redujo un 1,56%, las efectuadas en centros concertados y concesionarios aumentaron un 13,8%. Y ya suponen casi el 22% del total de cirugías practicadas, dos puntos más que un año antes.

El asunto de las derivaciones no es nuevo, pero su incidencia va en aumento. Tiene su origen en la creación, en 2007, de un call center que gestiona el sistema de cita previa. Un servicio que fue rápidamente privatizado dejándolo en manos de la empresa Indra, quedando los médicos de atención primaria sin la competencia de la decisión sobre dónde debe operarse el paciente.

Idea de Esperanza Aguirre

Lo que se ha evitado con esta, de momento, paralización de la privatización de la gestión sanitaria en estos seis hospitales es cerrar el círculo de la idea con la que la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre los promovió en 2005. Que fueran de titularidad pública y de gestión privada. En realidad, ya lo son.

Fueron cedidos a constructoras a las que la Comunidad de Madrid paga un canon durante 30 años –ya modificado al alza en 2010– por la amortización de su construcción y el mantenimiento. Además, se constituyeron en uniones temporales de empresas (UTE’s’) para prestar los servicios no sanitarios, que también paga religiosamente el Gobierno regional. El negocio es redondo. Ya han recuperado el 100% de la inversión y, a partir de ahora, hasta el años 2037 (prorrogable por otros 30), todo serán beneficios.