Pilar De Lara cree que Vendex ganó 295 millones con la trama corrupta

Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, ha puesto cifra a los “beneficios presuntamente ilícitos” conseguidos por Vendex en la trama corrupta conocida como operación Pokemon. La magistrada, en un auto fechado el 22 de junio, señala que la empresa, contratista de numerosas administraciones,  habría conseguido 295,06 millones en ganancias fruto de actuaciones supuestamente ilegales, según se desprende de los informes de Vigilancia Aduanera.

La macro causa, cuya larga instrucción y número de implicados ha generado enorme controversia respecto a la labor de la jueza, si “los distintos delegados empresariales del Grupo Vendex y las distintas empresas que las conforman vendrían actuando en connivencia con distintas autoridades y funcionarios públicos con la finalidad de conseguir la adjudicación de contratos de servicios públicos, fundamentalmente con ayuntamientos». Los beneficios “supuestamente ilícitos” de la empresa se habrían obtenido en Galicia, Cataluña y Mallorca.

Pilar de Lara: «No puede dudarse de que grupo Vendex ha venido actuando como una verdadera organización criminal»

El auto sostiene la existencia de «determinadas prácticas empresariales supuestamente delictivas llevadas a cabo por los administradores y delegados» de este grupo empresarial, con sede en Madrid, que incluye entre otras compañías a Doal, PAU y Sermasa.

En el documento, que da respuesta a un recurso de reforma, De Lara defiende que «en todo momento, los delegados seguirían las instrucciones del entonces administrador, quien habría urdido un plan organizado y preconcebido, destinado a obtener de forma injusta e ilícita contratos administrativos, con los consiguientes perjuicios para las administraciones públicas y para los mismos ciudadanos».

Organización criminal

 «No puede dudarse de que el grupo Vendex ha venido actuando como una verdadera organización criminal, además funcionar de forma estructurada y perfectamente jerarquizada», insiste la jueza, quien describe los procedimientos empleados como “un acercamiento a autoridades y funcionarios” con el objetivo de captarlos para los intereses del grupo empresarial, consecución de información privilegiada y elaboración de pliegos a la carta.

El escrito, de ocho folios, termina asegurando que «entendiendo que los hechos han de investigarse conjuntamente y llegado el momento, enjuiciarse de la misma forma, solo existen dos soluciones; o bien la atribución de la competencia a este juzgado de instrucción o bien a los juzgados centrales de Instrucción».