Pedro Sánchez toma el control sobre el futuro de la fachada marítima de A Coruña
El protocolo firmado por la Xunta debe desarrollarse en convenios que dependerán de los responsables de Fomento y Puertos del Estado que nombre el PSOE
La Xunta y dos administraciones controladas por el PP, Fomento y Puertos del Estado, firmaron en abril un protocolo de actuación que es, a día de hoy, la última hoja de ruta vigente para el futuro de la fachada marítima de A Coruña. Los terrenos son desde hace tres años motivo de conflicto por la necesidad de la Autoridad Portuaria de venderlos para sufragar la deuda contraída para financiar el costoso Puerto Exterior y la obsesión del partido que gobierna la ciudad, Marea Atlántica, por evitar que se privaticen.
En medio de la disputa, Feijóo pactó con Íñigo de la Serna, y al margen del Concello, un protocolo de actuación que, dos meses después, es poco menos que papel mojado. El triunfo de la moción de censura, el cambio de Gobierno, otorgará al equipo de Pedro Sánchez pleno control sobre un acuerdo que compromete a la Xunta al pago de 21 millones para tomar la participación mayoritaria de los terrenos de Batería y Calvo Sotelo, casi 90.000 metros cuadrados.
Sánchez toma el control
La rúbrica del Gobierno gallego y del Ministerio de Fomento se estampó sobre un protocolo de actuación que pretende preservar la titularidad pública del suelo y, al mismo tiempo, garantizar a la Autoridad Portuaria unos 30 millones de ingresos en 2020 para atender a las amortizaciones de deuda. Al menos parcialmente, pues los otros muelles en liza, los de San Diego, podrían en base al acuerdo mantener el uso previsto, el desarrollo inmobiliario de viviendas en plena línea costera.
Sin embargo, dicho protocolo debe ser desarrollado en convenios posteriores, pendientes todavía de elaboración, por lo que será el Gobierno de Pedro Sánchez quien decida cuándo y cómo se materializa. En otras palabras, lo firmado por Feijóo y De la Serna entra en fase de revisión y con pocas posibilidades de salir adelante tal y como fue concebido entonces.
Un nuevo acuerdo en el horizonte
Por un lado, debido al relevo del ministro de Fomento, que se sumará, previsiblemente, al de José Llorca al frente de Puertos del Estado, un hombre muy vinculado al PP desde la etapa de José María Aznar, con el que ocupó este mismo cargo entre 2000 y 2004. El pacto entre Feijóo y De la Serna no fue de consenso sino al margen del resto de administraciones. Tanto la Diputación de A Coruña, presidida por el socialista Valentín González Formoso, como el grupo municipal del PSOE, se desmarcaron del acuerdo. Difícilmente el nuevo responsable de Fomento se posicionará en sentido contrario.
Los socialistas llegaron a calificar de “intolerable” que Feijóo pactase la hoja de ruta de la fachada marítima al margen de la ciudad y apostaron por un consenso entre administraciones, aunque sin definir la dirección del mismo. Marea Atlántica, que desde comienzo del mandato ha tenido por costumbre el enfrentamiento con la Autoridad Portuaria de A Coruña, ha hecho algo parecido. En su momento propuso una mesa de trabajo entre las distintas partes para diseñar el futuro de los muelles bajo la premisa de que mantuvieran la titularidad pública y de que se modificasen los acuerdos de 2004, que blindan la privatización de los terrenos.
Las urgencias
Tras estos años de tira y afloja, la moción de censura vuelve a colocar a los muelles coruñeses en la casilla de salida. Con la salvedad de que Pedro Sánchez y su ministro de Fomento tendrán que tomar una decisión. Y dependerá, en gran medida, de la tesorería de Puertos del Estado.
El puerto de A Coruña tenía a cierre de 2016 una deuda que rondaba los 340 millones. Una parte de esta cuantía procede de un préstamo concedido por Puertos del Estado en 2011 por 250 millones de euros, aunque solo se desembolsaron 200 millones. El crédito tenía un periodo de carencia de diez años, por lo que empezará a devolverse en cuotas semestrales a partir del 31 de diciembre de 2021.
El sentido del pacto entre Feijóo y De la Serna era que el puerto dispusiese entonces de liquidez con los 21 millones comprometidos, además de la posibilidad de que la Diputación y el Concello se adhiriesen, tomando una participación cada uno. A estas inyecciones se sumaría la subasta del Hotel Finisterre, también ubicado en plena fachada marítima y durante años con Banco Pastor y Juan Carlos Rodríguez Cebrián controlando la sociedad concesionaria..
