Paradoja en San Cibrao: la venta de Alcoa salta por los aires con seis compradores interesados

Un año después de que Alcoa anunciase su intención de acometer un ERE para más de medio millar de trabajadores en la planta de aluminio primario de San Cibrao la factoría sigue funcionando. El escenario ha cambiado radicalmente gracias, en buena medida, al proceso judicial liderado por los sindicatos que declaró nulo el expediente de regulación de empleo. En este momento, con el precio del aluminio en máximos de tres años, seis son los grupos interesados en hacerse con el histórico activo, todos relacionados con el sector industrial. Y, sin embargo, las negociaciones por el futuro de la factoría de A Mariña parecen atravesar uno de sus momentos más complicados. ¿El motivo? Las posturas enfrentadas de Alcoa y Gobierno con respecto al papel que jugará la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Este jueves, en el marco de la mesa de negociación sobre el futuro de Alcoa, los representantes del Gobierno manifestaron de forma más contundente que nunca que en sus planes no está ya triangular la venta de la factoría de aluminio primario. Es decir, el Ejecutivo no quiere comprar la planta a través de la SEPI para luego traspasársela a un tercero, una posibilidad que se puso encima de la mesa el otoño pasado, tras las negociaciones frustradas entre los americanos y Liberty House y que se retomó a principios de año. En realidad, y según las distintas fuentes consultadas por este medio, las manifestaciones de los representantes del Ejecutivo central en la reunión no cogieron a nadie por sorpresa. Al fin y al cabo, el secretario general de Industria, Raül Blanco, (quien no estuvo presente en el cónclave de este jueves) ya indicó en la anterior reunión que con seis pretendientes solventes, la triangulación de la SEPI no era necesaria.

Silencio tenso de Alcoa

No obstante, las dudas sobre la decisión del Gobierno con respecto a la SEPI, si es que existían, quedaron despejadas en esta última reunión. Y eso abre un frente directo con Alcoa, quien desde que se avino a retomar las negociaciones para el proceso de venta indicó que únicamente traspasaría el activo a la sociedad estatal dueña de Navantia y dependiente, orgánicamente, del Ministerio de Hacienda. De momento, la multinacional de Pittsburgh ha declinado hacer una valoración al respecto de la reunión si bien, en la misma, su representante, Álvaro Dorado, avanzó que tendrían que analizar el alcance de la decisión del Gobierno de hacerse a un lado.

En los últimos meses, Alcoa ha manifestado que estaba dispuesta a negociar directamente con los interesados facilitados por el Gobierno central, pero siempre y cuando la compra en primera instancia de la factoría de aluminio primario fuese realizada por la SEPI. Lo explicó a principios de año en una conferencia el propio presidente mundial de Alcoa, Roy Harvey, quien recordó que, si bien el grupo mantiene la vía judicial abierta (en referencia al recurso a la decisión del TSXG de tumbar el ERE), la opción más rápida para soluciona el conflicto de San Cibrao sería llegar a un acuerdo “razonable” para que “una empresa estatal tome posesión de la planta, si realmente España quiere seguir produciendo aluminio”.

La clave está en Alu Ibérica

Con la venta a la SEPI Alcoa pretende blindarse ante futuras reclamaciones o demandas, es decir, evitar que se pueda repetir la situación que ahora vive con las plantas de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés (esta semana, la Audiencia Nacional la responsabilizó de la debacle de ambas factorías al traspasarlas al fondo suizo Parter y permitir la posterior reventa a Grupo Industrial Riesgo, investigado en otra causa paralela por presunta despatrimonialización fraudulenta).

La postura adoptada por el Gobierno no solo choca con los intereses de Alcoa, también con los de la propia plantilla, que no solicita la intervención de la SEPI porque así lo demande la compañía aluminera sino porque sostienen que es la única forma de garantizar que no se repita una venta en falso como la de A Coruña y Avilés. Tras la reunión, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha solicitado una reunión urgente con la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la que también pide que esté presente el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde.

La plantilla cree que es fundamental que la SEPI esté presente en la compraventa “para verificar que todo el proceso es real y para decidir quién es el que al final acaba haciéndose con la planta”. La CIG recordaba este jueves, además, que tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Galicia se aprobaron iniciativas que obligaban a la intervención de la sociedad pública industrial, “necesaria para evitar lo acaecido con las fábricas de A Coruña y de Avilés”. “Tampoco se puede consentir que Alcoa, en la búsqueda de una indemnidad de la exima de sus responsabilidades, utilice ningún subterfugio como parapeto para hacer fracasar de nuevo la venta de la fábrica”, añaden.

Un mes de margen

Y todo esto a un mes de que acabe el plazo de dos meses de paz social que los trabajadores acordaron con Alcoa para avanzar en la venta de la planta.

Queda por saber si entre los interesados en la planta de San Cibrao (Liberty, Trafigura, Metalcorp, Aldel, Aludium y Sidenor) alguno estaría en disposición de llegar a un acuerdo de compraventa con la multinacional sin la intervención del Gobierno.