¿Para qué servirán los sindicatos esta legislatura?

Los sindicatos consideran que el gobierno de Mariano Rajoy (PP) intenta dejarles fuera de juego. No contó con ellos para subir un 8% el salario mínimo interprofesional (SMI), medida que pactaron PP y PSOE, y este es uno de los motivos por los que han convocado movilizaciones para los próximos 15 y 18 de diciembre. Todo apunta a que, en esta legislatura, el papel de los agentes sociales quedará reducido a la organización de manifestaciones. 

Las centrales sindicales han perdido afiliados y, por lo que se ve, capacidad de influencia ante el gobierno y las formaciones políticas. Ahora intentan recuperarla con movilizaciones en la calle. Estos sindicatos no sólo se quejan de la actitud del gobierno del PP, sino también del PSOE. 

El secretario de Estado de empleo, Juan Pedro Riesgo (PP), ha comunicado a sindicatos y patronales que, a partir del próximo año, si no alcanzan un acuerdo sobre la subida del SMI, será el Gobierno quien lo decidirá de forma unilateral. Incluso les dio un plazo, que finaliza el 15 de noviembre de cada año. El Ejecutivo adoptará las medidas que considere oportunas para aplicarlas en el siguiente ejercicio si no hay pacto antes de esa fecha.

Los sindicatos se sienten excluidos de los acuerdos sobre el SMI y temen que esta será la tónica de la legislatura por lo que concierne al diálogo social. Bruno Estrada, adjunto al secretario general de CCOO, apunta a Economía Digital que el gobierno ha «hurtado» del diálogo con los agentes sociales una negociación como la del SMI para trasladarla al ámbito político y parlamentario.  

Estrada entiende que la ministra de empleo, Fátima Báñez (PP), prioriza los pactos con otras formaciones políticas a los acuerdos con los agentes sociales. Además, subraya que tampoco se ha producido un verdadero debate político sobre el SMI porque el Consejo de Ministros lo ha aprobado este viernes a través del un real decreto, en vez de debatirlo en el Congreso de los Diputados. 

UGT discrepa contra el PSOE

Laura Pelay, portavoz de UGT, advierte de que el Ejecutivo «siempre ha actuado así» porque no le interesa el diálogo social. Pelay señala que prescinde de los sindicatos, en asuntos como el SMI, pero también de la mesa del pacto de Toledo, porque acaban de sacar 9.500 millones de euros del fondo de pensiones sin consultarlo. Rafael Fernández, responsable de comunicación del mismo sindicato, advierte de que el Gobierno prefiere actuar al margen de los agentes sociales.

Pone como muestra su actuación con el SMI. El diputado Antonio Hernando, portavoz del PSOE, anunció el acuerdo con el PP para subir un 8% el SMI poco antes que los representantes del Ministerio de Empleo se reunieran con los sindicatos para abordar esta cuestión. En la UGT no ha gustado nada la actitud del PSOE, su aliado político en otros tiempos.

Fernández cuenta que el secretario de Estado de empleo se limitó a comunicarles el acuerdo alcanzado con el grupo socialista. La reunión se dio por finalizada.

Los sindicatos valoran «positivamente» que el salario mínimo interprofesional suba un 8% el próximo año, hasta los 707 euros, pero lo consideran «insuficiente». Por este motivo, han convocado movilizaciones. Las centrales reclamaban que llegase a los 800 euros en 2017 y a 950 a final de la legislatura. Más de 5,5 millones de trabajadores cobran este salario, según fuentes sindicales.

La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley de En Comú Podem, que contó con el apoyo del grupo socialista, para incrementar el SMI hasta los 800 euros en 2018.

El papel de las patronales 

Desde la CEOE se enmarca la subida del 8% en las «negociaciones del Gobierno para lograr el respaldo de otros grupos parlamentarios de cara a la probación del techo de gasto y las líneas básicas de los presupuestos que debe remitir a la Comisión Europea».  

A diferencia de los sindicatos, la patronal no se queja de las formas del Gobierno en el diálogo social aunque advierte de que la subida del SMI puede afectar a la creación de empleo. La CEOE de Juan Rosell desmarca el incremento del salario mínimo de las negociaciones que se están llevando a cabo con los sindicatos de cara al acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC) de 2017.