Palo judicial al Concello de A Coruña: pagará 1,6 millones al puerto
La jueza admite el recurso de la Autoridad Portuaria y obliga al Concello a pagar 1,6 millones por las obras de O Parrote que Ferreiro rechazó costear
El Concello de A Coruña tendrá que pagar 1,6 millones a la Autoridad Portuaria por las obras de O Parrote, que ejecutó la constructora Copasa. El Juzgado de lo Contencioso número 4 ha estimado el recurso presentado por el puerto después de que el Ayuntamiento, durante la alcaldía de Xulio Ferreiro, rechazase abonar el pago en una resolución de julio de 2017. El anterior Ejecutivo de Marea Atlántica y la dirección de la Autoridad Portuaria, encabezada por Enrique Losada, mantuvieron un duro enfrentamiento durante todo el mandato.
En este caso, el conflicto procede del año 2012. Fue entonces cuando el entonces alcalde, el popular Carlos Negreira, acordó con el puerto modificar el convenio inicial para la construcción del vial subterráneo y la urbanización, ampliando los trabajos a realizar por Copasa.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, y la alcaldes de A Coruña, Inés rey
El juzgado concluyó que “en la segunda cláusula del convenio” se aprobó la redefinición y variación de las obras que se iban a ejecutar, incrementando el gasto comprometido. La jueza recalca que, al modificar el convenio original, el Concello se comprometió a “pagar los gastos de los trabajos, dentro del importe pactado de 16,5 millones, siempre que existiese conformidad de la Comisión de Seguimiento de las Obras”.Esta conformidad existe tras la comprobación realizada por la comisión a través de una inspección realizada por una asistencia técnica externa.
«En cuanto a la afirmación del Ayuntamiento relativa a que se desconoce si los gastos reclamados pertenecen únicamente al reformado de la urbanización de la superficie o puede contener gastos del vial o del aparcamiento, en el expediente constan los presupuestos de los tres elementos con el proyecto aprobado, el final y la diferencia, y dichos presupuestos no han sido desvirtuados por el Ayuntamiento», señala la jueza, quien advierte a la Administración local de que «no cabe mantener que no existe justificación de las obras ejecutadas por la concesionaria«, esgrime la sentencia.
El fallo no es firme y contra él se puede interponer recurso de apelación. Tras conocer la sentencia, Marea Atlántica argumentó que su decisión de no pagar los 1,6 millones al puerto se fundamentó en «informes tanto de la intervención municipal como de la asesoría jurídica que estimaban la improcedencia legal» del pago debido a que la Autoridad Portuaria «no acreditó debidamente los gastos adicionales ni aportó los documentos exigidos por la Ley de Subvenciones».
