Palo a R: tumban su denuncia por estafa contra empleados y proveedores
Un auto contra el que no cabe recurso, califica de "nebulosa trama" la denunciada por la filial de Euskaltel contra sus empleados despedidos
Bofetada en toda regla de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña a R. En un auto contra el que no cabe recurso, los magistrados dan la razón a tres extrabajadores y dos subcontratas a los que la operadora de cable había denunciado por urdir una supuesta trama de facturas falsas para embolsarse y repartirse pagos millonarios. La Audiencia Provincial también da la razón a la instructora del caso, y desmonta uno por uno los argumentos de la filial de Euskaltel.
De «nebulosa trama denunciada» califica la sala las acciones emprendidas por R contra sus extrabajadores y dos subcontratas, Berdía Telecomunicaciones y Telecomunicaciones Digitales del Noroeste (Tedinor). Entre los tres exempleados denunciados por la filial de Euskaltel, un alto cargo, el que fuera director de Operaciones de Clientes de R (residencial, pymes y grandes cuentas), Santiago Fernández-Miranda.
Sin indicios de estafa
Los magistrados responden así al recurso presentado por R contra la decisión que previamente había tomado el Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña, que en diciembre del año pasado había acordado el sobreseimiento de la causa. «La instrucción no aporta ningún indicio» de que los servicios facturados a R puedan considerarse una estafa.
«Podemos conjeturar lo que se quiera y, de hecho, el escaso resultado de la investigación parece terreno fértil para sembrar hipótesis alternativas, pero sin esa demostración indiciaria de que, en la realidad, los trabajos que las empresas instaladoras facturaban, eran inexistentes, un eventual juicio de acusación, sencillamente, no se sostiene». Así de claro lo deja el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña.
La sala se detiene en el delito de estafa, después de desestimar los otros que integraban la denuncia inicial de R: falsedad documental en las órdenes de trabajo cursadas, e incluso asociación ilícita. Los magistrados explican, según el auto al que ha tenido acceso Economía Digital, que «carece de lógica continuar una investigación técnicamente agotada, como la presente». «Porque el resultado de la instrucción», explican, «ofrece un claro déficit indiciario (no probatorio)».
Una» due diligence» que no encontró nada
El hecho de que R no solicitase nuevas diligencias es una prueba más, a juicio de la sala, de que la instrucción «está agotada«. La sala abunda además en la tesis del juzgado a la hora de analizar el supuesto delito de estafa, al señalar «la extrañeza que causa que la actividad supuestamente delictiva, de gran magnitud teórica, no fuese detectada a lo largo de los años por la propia empresa denunciante, máxime cuando se realizó una «due diligence«, que desembocó en la firma del acuerdo con Euskaltel»; es decir, su venta al grupo vasco por parte de CVC.
Los magistrados entran en el fondo del asunto de la investigación, que se ceñía en exclusiva a averiguar si se falsificaron o no las órdenes de trabajo que indicaba R en su denuncia, si se facturaron y, en su caso si se pagaron, o no, servicios inexistentes utilizando para ello engaño.
También les llama la atención y «extraña» que, de las dos empresas que habrían intervenido en la trama defraudatoria, Tedinor y Berdía Telecomunicaciones, «todo el interés investigador de la denunciante se haya centrado en la primera, dejando a la segunda en una especie de limbo». Y es que R atribuía a Berdía un beneficio ilícito de más de un millón de euros, mientras que a Tedinor solo imputaba 624.000 euros.
