Pagès acumuló 11 millones con el ‘pensionazo’
La trama de ex altos ejecutivos de Caixa Penedès abrió el plan de pensiones en una entidad ajena a la caja. Troyano se habría asignado rendimientos por seis millones
El ex presidente de Caixa Penedès, Ricard Pagès, es el principal beneficiario del plan de pensiones multimillonario que, de momento, le ha costado el cargo y una investigación judicial junto a otros tres ex altos ejecutivos de la caja.
Entre los cuatro pretendían repartirse 20 millones de euros una vez rescatado el fondo, según ha admitido el consejo de administración. El órgano de gobierno destituyó este jueves de forma fulminante a la cúpula directiva tras conocerse el pensionazo.
Pagès ordenó aportaciones que rendirían 11 millones de euros al plan que está gestionado por una segunda entidad y que produce rendimientos mediante comisión hasta su cancelación o rescate. El ex presidente de Penedès percibiría una parte mínima del plan de pensiones que la propia caja habilita a cada uno de los empleados como complemento retributivo, según los datos a los que ha tenido acceso Economía Digital.
El ex director general, Manuel Troyano, se habría asignado seis millones más. Por su parte Joan Caellas, destituido a principios de agosto, y Jaume Jorba, ex director de recursos humanos, se habrían repartido 1,5 millones aproximadamente cada uno.
La trama de retribución será investigada por la fiscalía superior de Catalunya que duda de la legalidad de la operación. A raíz de las informaciones difundidas por los medios de comunicación ha decidido actuar de oficio. Acumulará pesquisas para “aclarar responsabilidades penales”.
Los grupos de interés de Penedès apuntan precisamente a la vía judicial como único mecanismo para esclarecer el alcance del entramado. “La destitución no basta”, coinciden. Comisiones Obreras (CCOO) insiste, por su parte, en que se judicialice el caso a no ser que los cuatro directivos sospechosos devuelvan el dinero ingresado en los planes de pensión.
Acusación particular
La determinación de CCOO es tal, que ha avanzado que ejercerá la acusación particular si Pagès y sus correligionarios no renuncian a los 20 millones acumulados en total. La opacidad del proceso ha sorprendido al propio órgano de gobierno, que tuvo que admitir que desconocía “el método de instrumentación”.
De hecho, varios consejeros aún desconocen el detalle del reparto entre los cuatro beneficiarios del pensionazo. El secretismo que envuelve al caso es tal, que tuvieron que decidir el cese de los presuntos implicados con información incompleta, según ha podido saber Economía Digital.
