Otro golpe para Alcoa: la Justicia investigará la venta de Alu Ibérica
La Audiencia Nacional admite la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales contra el proceso de venta de A Coruña y Avilés
Nuevo golpe para Alcoa. Días después de conocerse la decisión del TSXG de declarar «nulo» el ERE planteado en la factoría de aluminio primario de San Cibrao (Lugo) al entender que hubo «mala fe» en la actuación de la compañía, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales por el proceso de venta de las fábricas de la multinacional americana en A Coruña y Avilés.
Las mismas fueron adjudicadas en un proceso avalado por el Estado en verano del pasado año al fondo suizo Parter que, posteriormente, vendió la mayoría accionarial de las mismas al Grupo Industrial Riesgo.
Hay que tener en cuenta que, según trascendió recientemente, la propia Alcoa ha llevado a Parter ante los juzgados precisamente debido al incumplimiento de los acuerdos alcanzados para el traspaso de ambas plantas, que pasaron a denominarse Alu Ibérica.
Querella contra Alcoa, Parter y Riesgo
La querella se dirige contra las sociedades Alcoa Inespal, antigua propietaria de las plantas de A Coruña y Avilés, así como contra Parter Capital, las sociedades de Alu Ibérica en Galicia y Asturias y Víctor Domenech, como representante de grupo industrial Riesgo, el actual accionista mayoritario.
La magistrada da curso al escrito presentado por el sindicato por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.
Según explica la Audiencia Nacional, en el auto de admisión, la magistrada oficia a la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) para que realice «una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver solbre las diligencias pedidas por los querellantes».
Además, “teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella”, la juez pide a la UDEF que le informe «sobre la titularidad real de las dos factorías Alu Ibérica LC SL y Alu Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia, entre otros extremos».