Ofensiva total de Audasa en el Supremo para cobrar 14 millones por peajes eliminados
La concesionaria de la AP-9 ha solicitado al Tribunal Supremo la ejecución forzosa de la sentencia por la cual se obligaba a la Xunta y al Estado a indemnizarla con 14 millones de euros por el recorte de los peajes en sombra
Audasa multiplica sus frentes. La concesionaria de la AP-9 ha iniciado una nueva fase en su guerra contra el Gobierno para recibir los diez millones de euros que dejó de cobrar en los denominados peajes en sombra de los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala. Estos trayectos se convirtieron en gratuitos para los usuarios en 2006, cuando pasaron a ser sufragados vía a presupuestos, pero en 2017 tanto la Xunta como el Gobierno acordaron recortar a la mitad las compensaciones, lo que desembocó en una guerra judicial de la que Audasa salió victoriosa.
El Tribunal Supremo dictó una sentencia en febrero del año pasado en la que dictaba la nulidad del Real Decreto del año 2017 y emplazaba a las administraciones a indemnizar a Audasa y a abonarle los intereses correspondientes. La Abogacía del Estado presentó posteriormente un recurso de nulidad de actuaciones que el Tribunal Supremo tumbó en octubre de 2020 sin que, por el contrario, Audasa haya recibido esa compensación.
Es por ello que «habiendo transcurrido los plazos establecidos legalmente para que la sentencia sea ejecutada sin que haya sido así, con fecha 9 de julio de 2021 la compañía ha instado su ejecución forzosa ante el Tribunal Supremo solicitando que dicho tribunal se dirija a la Administración General del Estado para que dé cumplimiento a la sentencia dictada», revela la firma en la memoria semestral que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El ultimátum de Audasa
La compañía que preside Andrés Muntaner pide, además, que se añada el pago de mayores intereses «por razón del retraso» a cuenta de esta compensación por un recorte en los peajes en sombra que las administraciones justificaron en su momento por «el enriquecimiento injusto» que suponían para Audasa bajo los anteriores parámetros.
De esta forma, Audasa lanza un ultimátum en el Tribunal Supremo para exigir esta compensación por unos peajes en sombra que le aportaron 4,9 millones de euros solo en los seis primeros meses del año, frente a los algo menos de dos millones que registró por este concepto en el mismo periodo de 2020.
«Tras la firmeza de la nulidad del Real Decreto 803/2017 en octubre de 2020, el cálculo del peaje en sombra correspondiente al primer semestre de 2021 se ha realizado en base al Real Decreto 633/2006, frente al cálculo del peaje en sombra del primer
semestre de 2020 que fue realizado en base al RD 803/2017″, revela en su memoria anual.
A vueltas con su prórroga y la subida de peajes
El recrudecimiento de la guerra por los peajes en sombra se produce en un momento en el que, además, a Audasa se le multiplican las críticas de diferentes organismos por sus prórrogas y subidas de peajes en la AP-9. Y es que la Comisión Europea notificó hace dos semanas la apertura de una investigación contra España por alargar la concesión de la autopista hasta 2048 sin que mediase un procedimiento de licitación pública.
A este tirón de orejas se suma el de la Comisión Galega da Competencia (CGC). A través de un informe publicado este viernes, el organismo considera «excesivas» las subidas de peajes por las obras en el Puente de Rande y la circunvalación de Santiago de Compostela. Además, el CGC insta a la Xunta y al Gobierno a remitir el documento a instancias europeas para que analicen la posibilidad de que algunas de las medidas tomadas en torno a Audasa sean consideradas «ayudas de Estado».