Ofensiva de los fondos de Celsa, con planta en A Laracha, para hacerse con el 100% del grupo
Los fondos acreedores presentan en los juzgados un plan de reestructuración para sanear la siderúrgica y hacerse con todo el capital
Nueva tormenta en Celsa, la siderúrgica catalana de la familia Rubiralta que cuenta con una factoría en A Laracha (A Coruña), con una plantilla de alrededor de 150 personas. Los fondos tenedores de una parte importante de la deuda del grupo han presentado este lunes en los juzgados de Barcelona un plan de reestructuración para sanear la compañía y hacerse con el 100% del capital.
El plan, avanzado por Expansión, se centra en reducir el endeudamiento capitalizando la deuda convertible y parte de la deuda jumbo. También se propone alargar los vencimientos del resto del pasivo cinco años.
Estos acreedores, que representan el 90% de la deuda jumbo y el 89% de la deuda convertible, han pedido que se designe a un experto para ejecutar el plan de reestructuración, que, si se aplicara, dejaría a la familia Rubiralta fuera del control de Celsa, que ahora es de su propiedad al 100%.
Sin el apoyo de la banca acreedora
Esta propuesta no contaría con el apoyo de los bancos acreedores, que son Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, y no tendría en cuenta el plan de rescate de la SEPI, que aprobó inyectar 550 millones en la siderúrgica el pasado junio siempre y que hubiera un acuerdo sobre la deuda, según las mismas fuentes.
El movimiento de los fondos se produce después de meses de negociaciones para la reestructuración de la deuda de unos 2.800 millones de Celsa.
Promesa para mantener el empleo
En concreto, la propuesta consiste en reducir el endeudamiento en 1.291 millones de euros e incluye un compromiso para inyectar más liquidez en la compañía, mantener el centro de operaciones en España y el empleo de todo el grupo.
Las mismas fuentes han apuntado, según Efe, que la propuesta se enmarca en un «proceso preliminar» al preconcurso con el propósito de solucionar la situación antes de llegar a él, y después de que «la empresa no haya hecho ningún intento razonable de llegar a un acuerdo comercialmente aceptable con sus acreedores».
Los fondos se apoyan en las últimas modificaciones de la ley concursal española, que busca preservar los derechos de los acreedores frente a los de los accionistas en circunstancias en las que los accionistas no tienen valor económico en la compañía y contribuir a reducir el endeudamiento del negocio.