Ofensiva de Greenalia contra las sentencias que tumban parques eólicos: “Hay inseguridad jurídica”

Greenalia, la energética de José María Castellano y Manuel García, carga contra la reciente sentencia del TSXG que tumba la autorización por parte de la Xunta del proyecto para llevar a cabo el parque eólico Bustelo, que la compañía pretendía poner en marcha entre los concellos de Coristanco y Carballo. La firma coruñesa asegura que aunque acata las decisiones judiciales, estas están creando una “inseguridad jurídica” que compromete el futuro de las empresas del sector así como los contratos de PPA con la gran industria gallega.

El pasado martes, el Alto Tribunal gallego indicó que estimaba el recurso interpuesto por la asociación ambientalista Adega contra la decisión de la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de junio de 2021, por la que le concedió las autorizaciones a la promotora.

Embrollo con la notificación de la sentencia

Sin embargo, la comunicación de la sentencia vino con polémica. Y es que un día antes de hacerse pública, hace una semana, Greenalia informó de que reactivaba el desarrollo del parque al desestimar la justicia el recurso de Adega contra el mismo. El martes, el TSXG informó, en nota aclaratoria, que la sentencia, que se había notificado en días previos –el 16 de junio– contenía un “error material evidente”. En la misma, el tribunal indicaba que el recurso de Adega se “desestimaba”, al contrario de la decisión real.

Greenalia indica en un comunicado remitido este lunes a los medios que, ante el fallo favorable, “la empresa decidió reactivar las obras del mencionado parque eólico, ya que en ningún momento cuestionó la veracidad o carácter definitivo del fallo del máximo órgano judicial de Galicia y así lo comunicó públicamente”. Tras la corrección realizada por el TSXG, “el órgano de administración de la empresa se reunió con el equipo jurídico encargado de la defensa de este proceso para analizar en profundidad el expediente”.

Viabilidad de las empresas eólicas

Greenalia asegura que debido al criterio que está adoptando el TSXG se está generando una situación de “inseguridad jurídica” para las empresas del sector, que pone en peligro el desarrollo de proyectos industriales.

“Una situación que está teniendo, entre otras implicaciones, impacto en la ejecución de los PPAs firmados con las industrias, en los compromisos con los propietarios sobre los que se implantan las instalaciones y también sobre la propia viabilidad económica de las empresas del sector. Hay que recordar que, en cada proyecto, hay una larga cadena de suministro (empresas de servicios, de obra civil, ingenierías, consultoras y un largo etcétera) que afrontan importantes pérdidas por las paralizaciones. Todo ello repercute, así mismo, de forma importante en el empleo generado por estas actividades”, denuncia.

Daño ambiental

El argumento de Greenalia es que las setencias por las que el TSXG ha tumbado la tramitación actual de dos de sus parques, el Bustelo y, antes, el Campelo, “no está amparada en ningún precedente del Tribunal Supremo”.

Es un criterio que se funda, a su juicio «en la mayoría de los casos», en «las meras sospechas de daño ambiental de proyectos que han sido sometidos, durante meses e incluso años, a rigurosos procedimientos de evaluación de impacto ambiental».

En este sentido, añade que esta «particular doctrina del TSXG resultaría contraria con la literalidad» de un artículo de la ley de evaluación ambiental, que dispone que la solicitud de informes sectoriales a las administraciones «se hará simultáneamente al trámite de información pública«.

Frente a esto, apunta que ahora el TSXG considera que en el procedimiento «deberían tramitarse primero las peticiones de los informes sectoriales y después abrir la fase de información». Todo ello fundado en esas «meras sospechas de daño ambiental», según Greenalia.

La empresa señala que son «varios» los proyectos que tienen impuesta una medida cautelar en Galicia por la misma sala del TSXG en aplicación de este criterio y que este número «se prevé» que pueda aumentar «en los próximos meses», con las consecuentes «importantes pérdidas». En lo relativo a Bustelo, de hecho, asegura haber invertido «ya más de 7 millones de euros» y censura que la cautelar fuese aprobada «sin solicitar a la demandante ningún tipo de fianza».