Nueva rebelión de las autopistas contra el Gobierno a cuenta del Covid
La patronal de las autorpistas, que incluye a Itínere, dueña de la AP-9, acusa al Gobierno de cambiar el sistema para determinar sus compensaciones
Nuevo lío entre las concesionarias de las autopistas de peaje del Estado y el Gobierno. Las empresas sopesan llevar al Ejecutivo ante los tribunales por tratar de recortar la eventual compensación que les corresponda por el impacto ocasionado por la crisis derivada del Covid-19 al cambiar «por sorpresa» y por decreto ley el sistema para determinar sus compensaciones.
Así lo indicó la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), para quien esta modificación constituye una «vulneración de derechos y principios constitucionales, como son los de seguridad jurídica, igualdad de trato y no confiscación de bienes y derechos». «Se trata de un cambio de las reglas del juego a mitad de partido y de reinventar lo ya inventado para beneficiar a una de las partes», indica el presidente de la CNC, Juan Francisco Lazcano, quien asegura que la modificación arroja una «merma importante», en las posibles compensaciones.
La dueña de Audasa, dentro de la patronal
La CNC está conformada, a su vez, por distintas asociaciones, como Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras que tiene a la dueña de la AP-9, Itínere, en su junta directiva.
El Gobierno introdujo en el Real Decreto Ley de medidas de apoyo al sector los transportes aprobado el pasado 7 de julio un artículo que fija las condiciones por las que las autopistas de peaje pueden reclamar compensaciones por la crisis. En virtud de este artículo, el Gobierno acota los requisitos para que las autopistas puedan reclamar por la situación generada por la pandemia o las medidas articuladas para luchar contra la misma. Así, descarta que se puedan pedir «por daños por fuerza mayor o sobre el restablecimiento del equilibrio económico que, en su caso, pudieran ser aplicables a sus contratos».
Desplomes de tráfico
De esta forma, las empresas no pueden reclamar en caso de que, a pesar de los desplomes de tráfico de más del 80% registrados por el confinamiento y la crisis, hayan contabilizado un margen de explotación positivo.
Como margen de explotación entiende la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir amortizaciones ni provisiones, y sin considerar ingresos y gastos de inversión o financiación, moratorias o condonaciones pactadas por el concesionario o salarios de los trabajadores incluidos en ERTE.
En caso de que este margen sea negativo, se le compensará para que ese margen sea cero o para cubrir la diferencia con el del mismo periodo del año anterior. Además, dicha compensación se realizará mediante un aumento del plazo de concesión de la vía que, en ningún caso, «podrá exceder la duración del estado de alarma», esto es, unos tres meses.
Abertis, Itínere y Ferrovial
Abertis, Itínere (grupo al que pertenece la AP-9) y Cintra (Ferrovial), junto con fondos internacionales, son actualmente los principales concesionarios de autopistas del país, toda vez que el Estado controla nueve vías que quebraron en la anterior crisis. No obstante, la medida también afecta a tramos de autovía en peajes en sombra y áreas de servicio. Todos ellos tienen de plazo hasta noviembre para solicitar compensación.
La patronal considera que esta medida supone «suprimir con efectos retroactivos los derechos legales y que por contrato tienen las empresa concesionarias».
«No hay orden jurídico que lo sustente», según Lazcano, quien indicó que serán las empresas las que determinen si finalmente acuden a los tribunales en defensa de sus derechos. Además, el sector considera que se trata de «un mal precedente» justo cuando el Gobierno está dispuesto a recuperar la inversión privada y los contratos de concesión para construir infraestructuras como un instrumento para la recuperación de la economía. «El sector privado no tendrá ninguna confianza en el sistema», advierte el presidente de la CNC.
