Navantia reserva casi 40 millones para pagar los pufos de Hugo Chávez
La empresa pública ha tenido que provisionar 37 millones para cubrir las pérdidas provocadas por las ocho patrulleras encargadas por Venezuela en 2006
Con la entrada del 2021 se cumplirán 15 años desde que Navantia sellase un macrocontrato para la construcción de ocho patrulleras para la Armada Bolivariana. El recuerdo de este encargo sigue muy presente en la empresa pública no solo porque el último de estos buques todavía fue entregado el año pasado, sino porque, además, estas patrulleras encargadas durante el mandato de Hugo Chávez dejan una huella de casi 40 millones de euros en el balance de la empresa pública, que se ha visto obligada a destinar cantidades millonarias para provisionar las pérdidas derivadas de la construcción de estas embarcaciones.
Navantia revela en su memoria anual que en los últimos años ha tenido que aportar un total de 33,5 millones de euros solo para reflejar “el efecto de negativo” de estas obras para las que, además, han tenido que efectuar provisiones por penalidades por valor de 3,39 millones de euros para reflejar el “coste derivado de penalidades contractuales de retrasos en las entregas de los proyectos”.
De este modo, el contrato que en su día fue anunciado a bombo y platillo por el entonces ministro de Defensa, José Bono, deja una factura millonaria aún a pesar de que el Gobierno venezolano ahora encabezado por Nicolás Maduro devolvió el pasado mes de noviembre los 47,75 millones de euros en avales que todavía tenía pendientes. Y es que Navantia depositó en su momento 312 millones de euros como garantías ante la administración venezolana, cuyo reintegro estaba supeditado a la consecución de determinados hitos en la construcción de estos buques (corte de chapa, botadura o entrega), pero las dificultadas económicas que atraviesa el país sudamericano en los últimos años han provocado que estos pagos se hayan retrasado más de lo previsto.
Un encargo con nueve años de retraso
Y es que los siete primeros buques, cuya construcción corrió a cargo de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz, fueron entregados entre marzo de 2010 y abril de 2012 sin que el ritmo de devolución de los avales avanzase a la misma velocidad. De hecho, tras devolver 215,92 millones de euros en avales de golpe en 2018, el Gobierno venezolano decidió entregar también los otros 47,75 millones de euros que había recibido como garantía de Navantia en la recta final de un 2019 marcado por la entrega de la última de las ocho patrulleras encargadas.
Se trata del rebautizado como Comandante Eterno Hugo Chávez, uno de los cuatro buques de vigilancia litoral (los otros cuatro eran patrulleros oceánicos) encargados por la Armada Bolivariana, pero que, a diferencia del resto, no fue construido completamente en los astilleros de San Fernando o Puerto Real. Y es que de estas instalaciones salieron 11 de los 12 bloques que componen el buque con destino a los astilleros estatales de la venezolana Dianca.
Los trabajos se centraban en el ensamblaje y la puesta en marcha del equipamiento tecnológico del buque y el objetivo era que la patrullera estuviese operativa ya en junio de 2011. Sin embargo, los problemas técnicos y las dificultades presupuestarias que atraviesa el país provocaron sucesivos retrasos que provocaron que la entrega del buque no se hiciese efectiva hasta nueve años después: en abril de 2020.
Las otras provisiones millonarias de Navantia
Además de Venezuela, Navantia ha tenido que llevar a cabo otras provisiones millonarias hacer frente a pérdidas derivadas de otros proyectos con acento gallego. Es el caso del Furor, un patrullero de altura de la Armada Española que fue construido en Navantia-Ferrol y por el que se han tenido que acometer dotaciones por valor de 9,9 millones de euros. A esta cantidad se suman otros 10,9 millones de euros en provisiones conjuntas tanto por este buque como por el también buque de acción marítima (BAM) Audaz, cuya construcción corrió a cargo del astillero de San Fernando.
En paralelo, la empresa pública ha tenido que provisionar un total 29,7 millones de euros para hacer frente a pérdidas derivadas de los petroleros Suezmax, construidos en Puerto Real, así como otros 4,6 millones de euros por el proyecto de eólica marina Kinkardine, en el que la construcción de las cinco plataformas fue asignada al astillero de Fene. En la memoria anual de Navantia también constan otras dotaciones por valor de 61,3 millones de euros en los buques logísticos para la Armada australiana, de los cuales uno zarpó precisamente ayer rumbo al país oceánico, borrando así el penúltimo encargo en la lista de Navantia antes de asomarse a un parón de actividad hasta que no inicie la construcción de las fragatas F-110 para la Armada Española en 2022.
