Navantia, el 'pozo sin fondo' de la Sepi para el Tribunal de Cuentas

De las empresas estatales aglutinadas bajo el paraguas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Navantia es, de lejos, la que recibe mayor financiación. Lo deja claro un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que indica que la sociedad pública financió a sociedades del grupo con 1.269 millones de euros entre los años 2017 y 2018.

Del total de ayudas aportadas esos años, 501 millones correspondieron a aportaciones a fondos propios de las compañías, 623 millones a incrementos de saldo de préstamos participativos, 37 millones a elevar préstamos para I+D+i, a través del FII (Fondo de Fomento a la Investigación), y otros 115 millones a operaciones de cesión de fondos del sistema Inter-SEPI. De ese conjunto, los astilleros públicos de Navantia fueron los que acapararon más fondos. En concreto, 772 millones de euros, un 60% de los aportados en esos dos ejercicios. Le sigue la sociedad minera Hunosa, con 367 millones de euros, Izar, con 65 millones, la Agencia EFE, con 36 millones y el Hipódromo de la Zarzuela, con 10 millones. El resto de entidades recibieron aportaciones financieras de importe inferior a 2 millones de euros.

Mayor seguimiento de las ayudas para investigación

En su informe, el tribunal valora que los mecanismos de financiación se han empleado de forma correcta, pero advierte de que las ayudas de I+D+i adolecen de «debilidades» a la hora de justificar sus gastos. También alerta sobre la falta de seguimiento trimestral de los proyectos y demora en la realización de informe final sobre la ejecución y los resultados de los mismos.

A cierre de 2018, la deuda neta de la Sepi era de más de 1.000 millones de euros y, en esos dos ejercicios fiscalizados, la sociedad de participaciones empresariales se endeudó hasta el máximo que le permitían los Presupuestos. El informe del ente fiscalizador hace una dos recomendaciones a la sociedad pública. La primera, que cuente con «unas normas internas aplicables a las operaciones de endeudamiento a concertar, aprobadas por su Consejo de Administración, con el objetivo de evitar que el número y volumen de las operaciones de crédito y préstamo no canceladas crezca de manera continuada en el tiempo. Esto, indica, «facilitaría la gestión y podría permitir obtener ahorros en los costes financieros».

Por otro lado, Cuentas también propone un refuerzo de la justificación de las ayudas en concepto de investigación y desarrollo. «Se recomienda que la memoria de la Sepi inforpore, junto con la información sobre los saldos de los préstamos de I+D+i vivos, los datos sobre los compromisos de financiación asumidos por SEPI con cargo al FFI (Fondo de Fomento de la Investigación) para ejercicios posteriores».

Préstamos participativos y ayudas de I+D

Solo durante los dos años fiscalizados, Navantia incrementó su deuda por préstamos participativos en 619 millones de euros. Adicionalmente, recibió financiación de la Sepi mediante el incremento de la deuda por préstamos de innovación y desarrollo en 11 millones de euros, junto con el aumento de los préstamos recibidos por operaciones Inter-Sepi en 95 millones de euros.

Cuentas destaca que «la causa de necesidad de financiación de Navantia radica en las pérdidas por subactividad de instalaciones y las desviaciones de plazo en la ejecución de proyectos, lo que le ha llevado a una situación persistente de pérdidas». El organismo fiscalizador también destaca los objetivos del Plan Estratégico de Navantia para el periodo 2018-2022, que pretende reorientar la actividad de los astilleros y volver al equilibrio a partir de 2022. «Antes se quiere un proceso de reequilibrio de los recursos patrimoniales», explica.

En cuanto a los préstamos de la Sepi para proyectos de investigación y desarrollo, la fiscalización señala que estos, en el periodo auditado, pasaron de 105 a 402 millones. De nuevo, Navantia fue la principal receptora con una dotación en 2017 y 2018 que llegó a los 57 millones de euros.