Naufraga la ofensiva de Manuel Jove contra el FROB por Novagalicia

Uno tras otro, los empresarios gallegos que inyectaron 70 millones en la malograda Novagalicia naufragan en la ofensiva judicial para recuperar su inversión. Ya lo hicieron Gadisa, Estrella Galicia, Copasa, Coren o Subel, el brazo inversor de Luis Fernández Somoza. Ahora le toca el turno a Inveravante, el holding de Manuel Jove; a Metalships y a otros tres empresarios que habían recurrido al Supremo como última bala para recuperar 8,5 millones. Como en los casos anteriores, la Sala de lo Civil rechaza la admisión a trámite de los recursos de casación y de infracción procesal.

Así consta en un auto fechado el 28 de noviembre que inadmite los argumentos de las empresas. Además de Inveravante y Metalships, el recurso había sido presentado conjuntamente por Ranebé 2003, de Ramón Devesa; y por los empresarios Santiago Rey Fernández-Latorre, propietario de La Voz de Galicia; y José Luis Vázquez Mariño. En conjunto perdieron una inversión de 8,5 millones cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aplicó la operación acordeón en la entidad financiera para su nacionalización y posterior venta.

Castellano no vale como prueba del engaño

El mayor damnificado es Manuel Jove, que se deja 6 millones; Ranebé 2003 había invertido 2 millones; Metalships, 100.000 euros; y Santiago Rey y Vázquez Mariño 200.000 euros cada uno. El rechazo del Supremo al recurso cierra la última puerta para recuperar la inversión. El fallo ratifica la sentencia previa de la Audiencia Provincial de A Coruña, en la que negaba la existencia de una “conducta insidiosa” de Novagalicia y el FROB, así como la “ocultación maliciosa de información” que alegaron los inversores.

El actual recurso de infracción procesal, desechado por el Supremo, incidía en argumentos similares. Inveravante, Metalships y el resto de empresarios argumentaban que se había vulnerado su derecho a “utilizar los medios necesarios para su defensa”. Hacían alusión a la negativa del tribunal de considerar como prueba que José María Castellano, expresidente de Novagalicia, conociera la necesidad de “ajustes adicionales” en la entidad y que “ese dato no fue transmitido a quienes adquirieron acciones”. La Audiencia ya había considerado que esta cuestión no constituía un “hecho nuevo que modifique la realidad subyacente del litigio”.

La reestructuración bancaria, un riesgo más

En el recurso de casación las empresas alegaron que se les dio una información incompleta, “no teniendo los medios necesarios para conocer la verdadera situación de la sociedad”. “Las demandadas actuaron dolosamente al no proporcionar a los demandantes la información completa de que disponían, padeciendo con ello un vicio en el consentimiento que anula los contratos celebrados”, insistían.

La Sala rechaza esta tesis, atribuye al riesgo de la inversión el nefasto resultado y concluye que la reestructuración que liquidó el capital de los empresarios gallegos no era más que “la actualización del riesgo asumido por los demandantes al comprar las acciones en una difícil coyuntura financiera que continuó deteriorándose”.

Victoria en la primera demanda, derrota en las demás

La resolución final de la causa llega después de que Inveravante, Metalships y el grupo de inversores lograra una victoria en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña. En aquel momento, al igual que sucedió con los 10 millones de Gadisa, la jueza Marta Canales Gantes decretó que los contratos de compraventa de acciones eran nulos por dolo en el consentimiento y obligó al FROB a devolver la inversión.

Fueron los recursos posteriores los que acabaron tumbando las aspiraciones de los empresarios gallegos, que accedieron a capitalizar Novagalicia convencidos por José María Castellano y por la confianza que les otorgaba la presencia del FROB en el capital.