Naturgy y Endesa acuerdan la “transición justa” en As Pontes y Meirama
Las dos compañías cierran un acuerdo con Gobierno y sindicatos para poner en marcha inversiones y recolocar personal de sus centrales térmicas gallegas
Naturgy y Endesa planifican su futuro en Galicia una vez cerradas sus centrales térmicas en Galicia. Estas dos empresas e Iberdrola (que no cuenta con instalaciones de este tipo en la comunidad) han sellado los acuerdos de transición justa con el Gobierno para los concellos de Cerceda y As Pontes.
Ambas empresas se comprometen a llevar a cabo inversiones para recolocar a trabajadores directos, a priorizar los pedidos a auxiliares, a abrir oportunidades de negocio en energías renovables y a poner en marcha planes de inserción y formación que permitan compensar en parte el golpe que suponen los cierres para estas comarcas.
Empresas, gobierno y sindicatos
El acuerdo ha sido firmado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, que será la encargada de consensuar los planes de formación e inserción en estas comarcas. También han suscrito los acuerdos las secretarías generales de CCOO Industria y UGT FICA.
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha anunciado la consecuención de estos acuerdos y ha subrayado que el Ejecutivo apoyará el mantenimiento de los puestos de trabajo tras arrancar el compromiso de las compañías para continuar la actividad industrial con una transición energética «justa».
Comisión de seguimiento
Losada remarca que este programa traerá «nuevas inversiones«, «se siga manteniendo el empleo» y se tenga posibilidad de «futuro» a través de «una transición justa». De tal forma, apuesta por la «búsqueda colectiva de soluciones» para conseguir la conversión de las centrales de As Pontes y Meirama, de manera que consigan mantener la actividad industrial, generar riqueza y, a la vez, maximizar el cuidado medioambiental y lograr una descarbonización justa.
El Ejecutivo se compromete a trabajar en la búsqueda proactiva de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas, con base en las características y las particularidades de Galicia y ha creado una comisión de seguimiento para vigilar el cumplimiento del acuerdo. El órgano estará conformada por un número idéntico de representantes del Estado, empresas y organizaciones sindicales y mantendrá reuniones periódicas cada seis meses.
