Multa millonaria al proveedor de Navantia en manos de Florentino Pérez
Entre las empresas de montaje sancionadas por la CNMC por crear un cartel industrial figura Maessa, cuya división de negocio naval trabaja con Navantia
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha multado a 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial con sanciones que sobrepasan los 54 millones de euros por crear un cártel que durante 17 años encareció sus servicios, fundamentalmente, a empresas del sector energético y petroquímico. El organismo supervisor ha sancionado a varios de sus directivos con 280.500 euros y, además, ha puesto el expediente en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que se prohíba contratar con el sector público a estas firmas, excepto a las que ayudaron a desmantelar el cártel.
Entre las empresas multadas, las hay con relaciones directas con la comunidad gallega. Es el caso de Maessa, filial del grupo ACS, de Florentino Pérez, y que a lo largo de los años se ha consolidado como una proveedora habitual de los astilleros de Navantia. Si bien parece que las actividades por las que ha sido multada no afectan a la rama de negocio relacionada con la producción naval, la sanción de la CNMC roza los 3,5 millones de euros.
Maessa realizó numerosos contratos en Navantia relacionados con la construcción del flotel de Pemex. En 2014, la empresa estatal le adjudicó el contrato de montaje de 50 bloques de proa para el flotel de Pemex por importe de 1,8 millones.
Reparto de clientes
Las mayores multas impuestas por Competencia corresponden a Masa (14,5 millones), a Navec (9,3 millones) y a Imasa (9,2 millones). La primera también es una filial de ACS que, con filial en Galicia, realizó trabajos, entre otras construcciones, en la Medusa del puerto de A Coruña.
Según la CNMC, las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura y fijar compensaciones y precios. Durante unos 17 años -enero de 2001 a julio de 2017- el cártel se repartió al menos 746 licitaciones convocadas por una veintena de clientes, fundamentalmente empresas del sector energético y petroquímico.
